Mediante una Proposición en el Congreso

El GPP propone flexibilizar los contratos públicos a las empresas para que no paren obras por la crisis de desabastecimiento y precios

Considera que la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la economía no responden a la situación coyuntural de escasez de materias primas y de alza de precios, que dificulta que las empresas puedan cumplir con los contratos y las fechas en vigor

El objetivo de la iniciativa del GPP es impulsar reformas para mantener la actividad económica con la obra pública

 

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley, firmada por su portavoz Cuca Gamarra, y su portavoz de Economía, Miguel Ángel Castellón, en la que propone flexibilizar los contratos públicos a las empresas para que no se pare ninguna obra por la crisis de desabastecimiento y precios que está sufriendo, especialmente, el sector de la
construcción.

Para ello, el GPP insta al Gobierno a modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la Economía Española al considerar que están coyunturalmente desfasadas ante la dificultad de presupuestar o establecer fechas de obras por la escasez de materias primas.

Dicha modificación busca flexibilizar las condiciones previstas –en precio y en plazo-, así como ampliar las situaciones de excepcionalidad en las que es posible la revisión de precios, conforme a un entorno de presión extraordinaria de los costes, producto de un momento coyuntural extraordinario.

También solicita incluir en la Ley de Contratos del Sector Público una fórmula de actualización extraordinaria de los precios de los materiales, recogidos en los contratos de obra pública en vigor y que, además, estos se contemplen en todos los pliegos en tramitación, mientras dure esta situación de excepcionalidad económica.

Como destaca el GPP en la exposición de motivos de su iniciativa, entre abril y agosto de 2021 el precio del acero se ha incrementado un 105%; el del aluminio un 81%; el del cobre un 77%; el de la madera un 49%; y del petróleo y sus derivados más del 180%. Un encarecimiento que está amenazando la viabilidad de muchos proyectos de obra pública, ya que el aumento del coste total de las
obras se valora, de media, en alrededor de un 22,2%.

Algo que, según el estudio “Impacto de la subida de las materias primas en la construcción”, elaborado por la Confederación Nacional de la Construcción, ha provocado que cuatro de cada diez empresas se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras.

A ello se suma la falta de suministro de materiales, lo que también está comprometiendo los plazos contractuales con el siguiente riesgo de incumplimientos y la posterior imposición de penalidades a la que se ven abocadas las empresas constructoras de todos los tamaños.

Por ello, el GPP critica la pasividad del Gobierno de Sánchez ante esta situación, dado que debería haber actuado ya, porque el número de empresas que están viéndose afectadas por incumplimientos de plazos contractuales va exponencialmente en aumento y por la imposibilidad de ejecutar unos contratos que pueden abocar al colapso financiero a miles de empresas.

Ante ello, el Grupo Popular ha registrado esta iniciativa que tiene como objetivo impulsar las reformas que necesita nuestro país para mantener la actividad económica con la obra pública.

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