Hoy, en el debate en Pleno de la Ley antiokupas del PP

El PP exige combatir el delito con su ley antiokupas frente a los ataques a la propiedad privada por parte del Gobierno

La portavoz de Vivienda del GPP, Ana Zurita, subraya que el principal objetivo de la Ley integral del PP contra la okupación, que anunció Pablo Casado, supone el desalojo inmediato de los okupas en 12 horas

 

  • Señala que la Ley integral del PP revierte el procedimiento actual, porque defiende la propiedad privada y trata la okupación como lo que es, un delito penal. “No se puede hacer política de vivienda bajo el paraguas de la okupación”, afirma

 

  • La ley del PP define por primera vez qué es la ocupación ilegal; regula la lucha contra las mafias estableciendo penas de cárcel, desalojos en 12 horas y que las comunidades de propietarios puedan intervenir; se da potestad a las comunidades de propietarios para que puedan ejercer acciones de protección y de denuncia en caso de que esté ausente el propietario; y se considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta inscribirse es un okupa

 

  • Advierte de que “las únicas medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno constituyen un ataque claro y directo a la propiedad privada”. “No se puede justificar su ineficacia atacando a la propiedad privada, no se puede sustituir su ineficacia incitando a la comisión de un delito”, subraya · Insta al PSOE a desvincularse del bando de quienes amparan el delito, como Podemos, y situarse del lado de quienes lo persiguen, como el PP: “No podemos desmantelar nuestro Estado de derecho y convertirnos en un paraíso okupa

 

  • Reclama al Gobierno de Sánchez e Iglesias la creación de vivienda social si quieren proteger el derecho de las familias vulnerables: “Hagan viviendas y den seguridad jurídica”
  • “Con una mano protegen a los okupas frente al ataque a la propiedad privada”, les acusa, “y con la otra inician el desahucio de familias de viviendas públicas”. “Desalojar a un okupa no es un desahucio, es recuperar un bien; es desalojar a alguien que está haciendo uso de algo que no es suyo”, añade

 

Resalta que el PP recurrió con éxito al Tribunal Constitucional la Ley de la Generalitat de Cataluña que legalizaba la okupación: “Permitía impunemente okupar una vivienda sin pena, premiaba al okupa y penalizaba al okupado”

 

  • Denuncia que aquella ley catalana fue preludio de los últimos Reales DecretosLey del Gobierno debatidos en el Congreso -el RDL 37/2020 y el RDL 1/2021-, que conllevan “un ataque directo a la propiedad privada y a nuestros derechos fundamentales constitucionales”

 

  • Reclama al Gobierno consensuar la protección de las familias vulnerables y recuerda que el PP fue el primer partido que tomó medidas para proteger a los deudores hipotecarios

 

  • Acusa al Gobierno de Sánchez e Iglesias de “disfrazar” de política social el hurto de derechos constitucionales, y recuerda el compromiso que tienen todos con la defensa de los valores constitucionales. “No podemos tener un Gobierno que no lo asuma y que contribuya al caos”, resalta

 

  • Exige al Gobierno que resuelva la alternativa habitacional en procesos de desahucio y que contemple la situación del arrendador vulnerable
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