Se trata de la Ley Orgánica que despenaliza a los piquetes violentos

El GPP recurre al Tribunal Constitucional la Ley de Sánchez publicada en el BOE en cuyo texto se ataca al anterior Gobierno del PP

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley que despenaliza la acción de los piquetes violentos, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril y en cuyo texto se incluían ataques al último Gobierno del PP.

En concreto, el recurso del PP es contra la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2021, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, reclamando que se consideren inconstitucionales los párrafos 3 y 4 del preámbulo de la norma publicada en el BOE.

El texto del recurso, de 54 páginas, señala que se utilizó la Ley para derogar la pena de cárcel a los piquetes violentos para incluir dos párrafos que atacan a un Gobierno del PP, acusándole de un proceso de desmantelamiento de las libertades y de desplegar un entramado de leyes que asfixiaban la capacidad de protesta hacia las políticas de dicho Ejecutivo.

A juicio del PP, “se producía con ello un ataque explícito a un partido político desde las páginas del Boletín Oficial del Estado”, algo que “en todo caso debe reputarse por completo improcedente e inconstitucional”, por lo que los citados párrafos “deben ser eliminados” del preámbulo de la Ley.

Tras reseñar que el PP presentó en su momento una enmienda a la totalidad, que fue luego calificada como texto alternativo, que tenía por objeto precisamente poner de manifiesto “lo improcedente de redactar una Exposición de Motivos” en los términos en los que aparecía la Proposición de Ley del Grupo Socialista.

A pesar de las enmiendas presentadas por distintos Grupos a la entonces Proposición de Ley, críticas con la exposición de motivos, se recuerda que la iniciativa fue aprobada por el Pleno del Congreso en marzo, y que luego en el Senado volvió a ponerse de manifiesto lo improcedente de la referida exposición de motivos.

Como ejemplo, la senadora del PP Ayala Santamaría dijo en la Cámara Alta que se trataba de una “infame exposición de motivos”, y en el Pleno antes de su aprobación definitiva que acercaba a los proponentes “a los regímenes de Maduro y de cualquier dictadorzuelo de tres al cuarto”.

El recurso subraya al Alto Tribunal que el recurso no es contra el artículo único de la norma porque no hay reproche de inconstitucional que hacer, sino contra el preámbulo, “que parece más bien un pretexto para criticar a un determinado partido político que para explicar una iniciativa legislativa”, que curiosamente se publicó en el BOE en los preparativos de los actos del 1 de mayo.

Además, el Grupo Popular pone de manifiesto la falsedad de las afirmaciones contenidas en el preámbulo, al señalar este que fue el PP el responsable de desmantelar un sistema de libertades endureciendo las penas contra las manifestaciones públicas, cuando en realidad la reforma del Gobierno del PP supuso incluso una rebaja de las penas.

Tras exponer que es la primera vez que se presenta un recurso por la alusión directa a un partido político en el texto expositivo de una Ley, se señala que el contenido del mismo tuvo una amplia repercusión social, y se subraya que los recurrentes consideran necesario “hacer valer el derecho de esta parte frente a una crítica de claro fondo político y más propia del debate parlamentario que de una disposición normativa emanada del órgano que representa al pueblo español”.

También se pretende demostrar con el recurso que el preámbulo de la Ley no es un “verdadero preámbulo normativo”, sino que supone “el uso del poder legislativo para una finalidad distinta de la constitucionalmente prevista”. “Para una finalidad que podría calificarse de verdadera desviación de poder constitucional”, expone el recurso ante el Tribunal Constitucional.

En todo caso, al tratarse de un preámbulo, se recoge jurisprudencia del constitucional en el sentido de que carecen de valor normativo pero tienen valor jurídico, y que en todo caso resulta implícito es que debe existir una correlación entre la norma y su preámbulo y que estos pueden ser objeto de recursos ante el Alto Tribunal.

Finalmente, se insiste en que es incuestionable que los preámbulos forman parte de la ley, aunque se diferencie dentro de la misma un contenido normativo y otro no normativo, y se destaca que en este caso se ha producido una indudable vulneración del derecho al honor del Partido Popular.

“Por tanto, al tratarse de la impugnación de una parte de la ley y al ostentar el monopolio para la declaración de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional, “necesariamente ha de dirigirse esta parte a este Tribunal para la defensa de los derechos”, al no existir control jurisdiccional alternativo ni tampoco control no jurisdiccional (parlamentario o de otra naturaleza) distinto al pretendido mediante un recurso de inconstitucionalidad.

“Se pretende en esencia que por el Tribunal Constitucional se declare que cuando se disfraza un texto bajo la apariencia de preámbulo de una ley, sin que pueda tener consideración de tal, sí cabe el recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de que se declare precisamente que tal texto no puede ser reconocido ni considerado como parte de la ley”, concluye el recurso

X

Política de Cookies