En el Congreso de los Diputados

El GPP presenta un paquete de 45 enmiendas a la Ley de la cadena alimentaria

Critica que dicha ley carece de consenso y que ni siquiera hay acuerdo entre los partidos que forman la coalición del Gobierno, y subraya que la reforma cuenta con el profundo rechazo del sector

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados su paquete de 45 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El Grupo Popular ha registrado dichas enmiendas tras la ronda de reuniones y consultas con todos los agentes de la cadena alimentaria: cooperativas, industria, distribución, organizaciones profesionales agrarias y representantes de los sectores específicos.

Las enmiendas presentadas por el GPP proponen, por un lado, la aprobación de aquellos artículos correspondientes a la transposición de la Directiva cuyo incumplimiento, por la dejadez del Gobierno, puede suponer multas millonarias a España que acabarán pagando los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, se plantea la apertura de un plazo de negociación máximo de dos años para conseguir que la necesaria reforma de la Ley de la cadena obtenga, cuando menos, el mismo consenso en el sector que alcanzó la ley del PP del año 2013.

Asimismo, el GPP propone que sea el Gobierno el que, en un plazo máximo de seis meses, elabore criterios para calcular el coste de producción determinando los factores que tienen que incluirse en el mismo, y que es uno de los más graves problemas de la fallida reforma socialista de dicha ley, aprobada el pasado año.

Además del coste de producción, para determinar el precio del contrato se podrán considerar también elementos como la calidad de los productos, el volumen entregado o la situación de los mercados, a fin de conseguir la justa retribución de todos los agentes a lo largo de la cadena, especialmente al sector primario.

Las enmiendas del PP proponen igualmente evitar la llamada venta a pérdidas, es decir, que lleguen al consumidor final productos a un coste incluso inferior al de producción, modificando para ello la Ley de Comercio Minorista, que es donde se regula esta competencia.

UN SECTOR MÁS COMPETITIVO Y CON MÁS CRECIMIENTO

El Grupo Parlamentario Popular espera encontrar en los grupos que sostienen al Gobierno buena disposición para aprobar una ley que permita al sector ser competitivo, crecer en los mercados internacionales y, sobre todo, que el margen obtenido se reparta entre los diferentes agentes de la cadena para permitir que el sector agroalimentario siga siendo el motor del medio rural que España necesita para luchar contra la despoblación.

Por otro lado, el Grupo Popular destaca que el Ministerio de Agricultura optó por transponer la Directiva europea sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, cuyo plazo se agota el próximo 1 de mayo, a través de la modificación de esta ley, pionera en su momento y aprobada por un Gobierno del Partido Popular.

Cabe también recordar que el plazo de presentación de enmiendas a dicha ley terminó sin que hubiese siquiera acuerdo entre los Grupos Parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos.

Pocas veces una norma concita tanto rechazo por parte del sector implicado, destaca el GPP, quien subraya que en las cerca de treinta comparecencias en el Congreso con motivo de la tramitación de dicha norma, representantes del sector pesquero, del lácteo, de la fruta, del plátano, del aceite, del vino, entre otras, manifestaron la necesidad de quedar al margen de la aplicación de la norma por la incapacidad de esta ley de solventar sus problemas, que los agrava.

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