Con una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo

El GPP pide explicaciones a Sánchez por las declaraciones de la ministra Belarra contra la Justicia tras la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma

Quiere que el Gobierno responda si declarar que “tenemos un problema muy serio con la Justicia porque la oposición en España la están ejerciendo los jueces” puede afectar negativa y gravemente a España, por los informes de la UE

 

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de preguntas al Gobierno de Sánchez para que dé explicaciones sobre las declaraciones de la ministra Belarra contra la Justicia tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma decretado por el Ejecutivo.

Belarra dijo que “tenemos un problema muy serio con la Justicia en España porque la oposición en España la están ejerciendo los jueces”, por lo que el PP pregunta, entre otras cuestiones, si considera el Ejecutivo que dichas palabras pueden afectar negativa y gravemente a España, dado que pueden ser recogidas en los informes que la UE hace públicos periódicamente sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en los países de la Unión.

El resto de preguntas sobre dichas declaraciones, suscritas por el secretario general del grupo, Guillermo Mariscal; la secretaría general adjunta, Isabel Borrego; el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano; el portavoz de Justicia, Luis Santamaría; y los diputados Vicente Betoret, Teresa Angulo, Javier Merino y Ana Belén Vázquez, son las siguientes:

¿Considera el Gobierno de España acertadas las declaraciones de la ministra?
¿Pueden considerarse una injerencia destinada a interferir en la labor del poder judicial?
¿Son compatibles con el Estado de Derecho que defiende la Comisión Europea para la Democracia y el Derecho conocida como Comisión de Venecia?
¿Son compatibles con su condición de ministra del Gobierno de España?
¿Considera que su desconfianza hacia el poder judicial tiene que ver con la situación judicial que afecta a la formación política de la ministra por cuanto está siendo investigada por financiación ilegal en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid?
¿Pretende condicionar la labor del poder judicial, y en concreto a la instrucción del citado procedimiento?
¿Comparte el Gobierno el error de la ministra, al olvidar que el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial?

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