En la interpelación a la ministra de Educación y FP en el Congreso

Sandra Moneo: “El Gobierno se ha escondido, incapaz de responder a la mayor crisis que ha sufrido el sistema educativo”

La portavoz adjunta del GPP señala a la ministra Celaá que “una cosa es la delegación de competencias y otra muy distinta es la dejación de funciones”, que es lo que ha hecho el Gobierno permanentemente “a lo largo de la crisis más importante que ha soportado toda Europa y nuestro país desde la segunda guerra mundial”.

Asegura que “este Gobierno, con su inacción en materia educativa, ha  perdido cualquier legitimidad para dar respuesta a las verdaderas necesidades de la Educación en España”.

Acusa a la titular de Educación de haberse escondido “detrás del debate competencial, cuando su deber era dar la cara”. “La ministra no es una simple moderadora y relatora de las medidas que toman las Comunidades Autónomas”, afirma Moneo, quien considera que “debía haber liderado una respuesta firme, contundente y segura para que los alumnos hubiesen podido volver a las aulas cuanto antes”.

Recuerda que “el Gobierno de España tiene competencias en Educación, como así lo reconoce la Constitución española en su título octavo y en la sucesiva doctrina del Tribunal Constitucional”.

Exige al Gobierno que “asuma su responsabilidad y ejerza sus competencias” en materia educativa, y reclama a la ministra que “por lo menos adopte las medidas que se necesitan de aquí en adelante como son las referentes a la protección del profesorado y a los planes de refuerzo”.

Denuncia que la única intervención del Gobierno se produjo en abril para impulsar una orden que dejaba al arbitrio de las CCAA la normativa para pasar de curso, contraviniendo la normativa básica y el principio constitucional de igualdad de oportunidades; provocando que un alumno pudiera obtener el título de ESO y Bachillerato con un número diferente de suspensos y aprobados según la Autonomía en la que resida”.

Indica que en la organización de la vuelta al cole, el Gobierno solo se ha referido a esta en el artículo 9 del Decreto de 9 de julio, que dice que las CCAA debe asegura la distancia de 1,5 metros en las clases, pero deja en sus manos la planificación del curso escolar, y donde el Ejecutivo tiene
competencia plena, como en Ceuta y Melilla, han trasladado la responsabilidad a las direcciones provinciales.

Tacha de “burla” que el Gobierno convocase la conferencia sectorial el 27 de agosto, a cuatro días de que los profesores vuelvan a los centros
educativos.

Destaca que la inacción del Ejecutivo ha desatado un aluvión de críticas en el sector educativo, por parte de los inspectores, de los padres y de los sindicatos de profesores y alumnos.

“Los miles de alumnos que han comenzado sus clases lo hacen porque las administraciones educativas y las Comunidades Autónomas han hecho la tarea que debería haber hecho el Gobierno, y lo han hecho sin recibir los 1.600 millones de euros destinados a enseñanza no universitaria de los llamados fondos Covid”, subraya.

Señala que “el informe de la OCDE Panorama por la Educación, publicado ayer, constata que España es uno de los países que más ha tardado en reanudar el sistema educativo después del encierro decretado por el Estado de alarma, de los 46 países analizados, dos tercios habían reanudado las clases a final de mayo”.

Recuerda que la UNESCO advirtió del aumento exponencial de riesgo que supone prolongar los cierres de las escuelas, agravando las desigualdades”.

“Los alumnos españoles, especialmente los más vulnerables, son los más golpeados por la crisis sanitaria debido a que este Gobierno no trabajó, como era su obligación, para que volvieran cuanto antes a las aulas”,
asevera.

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