En el Pleno del Congreso

El PP señala que la norma que facilita la movilidad de las empresas en territorio nacional responde a las demandas del sector por la incertidumbre en Cataluña

Teresa Palmer: “La futura ley no obliga, sino que dota de más eficacia a una decisión empresarial tomada libremente”

  • Dice que “la fuga” de 150 empresas al día de Cataluña obedece a “la completa dejación de funciones del Gobierno catalán, obsesionado con un objetivo delirante e ilegal”

  • Advierte de que los independentistas son “los únicos responsables” del elevado coste económico de la aventura secesionista: “Huida masiva de empresas, 4.000 millones en depósitos fuera de Cataluña y rebaja del PIB para 2018”

  • Desmonta la fantasía independentista de prosperidad: “Una Cataluña independiente quedaría fuera del euro y la UE”

La portavoz de Economía del Grupo Popular, Teresa Palmer, ha señalado este jueves en el Pleno del Congreso que el Decreto-Ley que abre la puerta a un nuevo marco legal que permita agilizar la movilidad de las empresas dentro del territorio nacional responde a las demandas del sector empresarial para que se les facilite el cambio de domicilio social ante la incertidumbre que se vive en Cataluña, a la vez que ha hecho hincapié en que la futura norma “no obliga, sino que dota de mayor eficacia a una decisión empresarial tomada libremente”.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso con motivo del debate de convalidación de dicha norma, la dirigente popular ha señalado que lo que ahora debe cuestionarse es “cómo se ha llegado a un escenario en el que las empresas quieren salir de una región tan próspera como Cataluña”.

Esa es la pregunta y no otra, ha manifestado Palmer, y la respuesta a este interrogante es que “el Gobierno catalán, radicalizado por sus socios y obsesionado como está en ese objetivo delirante e ilegal de la independencia, ha abandonado completamente sus funciones, que son las que debe cumplir todo gobernante: luchar contra la crisis, trabajar por el crecimiento económico y el empleo y, por tanto, por el mantenimiento y la mejora del estado del bienestar”.

Y es que en lugar de gobernar, ha dicho Palmer sobre Puigdemont, “se ha dedicado a prometer una independencia imposible, generando con ello una dinámica que nos ha empujado a todos a una situación insostenible desde el punto de vista económico y de convivencia social”.

Frente a esta absoluta dejación de funciones, Palmer ha querido contraponer “el intenso trabajo” llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de combatir la crisis y alcanzar la recuperación en todo el territorio nacional –“incluyendo Cataluña”, ha precisado-, “y apoyando específicamente a la Generalitat para atender los vencimientos de una deuda que nadie financiaba, siendo éste el único modo en que se pudieron financiar los servicios públicos básicos y que los proveedores pudieran cobrar”. “Se evitó por tanto”, ha subrayado la diputada popular sobre la labor del Gobierno de Rajoy, que “los ciudadanos catalanes tuvieran que pagar por los errores de sus gobernantes”.

Palmer ha querido poner de manifiesto que “la travesía iniciada por la Generalitat” tiene también consecuencias innegables de toda índole, también económicas, lo que quiere decir que “actuar fuera del Estado de derecho y quebrar la convivencia social” se acaba pagando.

Las consecuencias económicas, ha explicado Palmer, aparte de saltar a la vista están firmemente acreditadas: “Esta misma semana se ha rebajado la previsión de crecimiento para 2018 por la situación que se vive en Cataluña, mientras que ayer la AIREF decía que Cataluña entraría en recesión en 2018”, a lo que se suman “las deprimentes cifras” de turismo ya conocidas por todos. “No estamos hablando de cifras virtuales”, ha enfatizado la parlamentaria popular, “sino de efectos reales”.

Palmer no ha querido tampoco pasar por alto lo siguiente: “Si Cataluña se independizara dejaría de formar parte de la UE y, por tanto de todos los acuerdos firmados por la UE, incluyendo la OMC, y también dejaría de formar parte del euro”. “Vale la pena recordarlo”, ha repetido, “porque salir de España significa salir de la UE y del euro, y para Cataluña estar fuera de la UE supondría que el 75% de las exportaciones de sus empresas estarían sujetas a fuertes aranceles, lo que tendría un impacto muy negativo sobre el comercio exterior, y un potente impacto sobre el crecimiento del PIB y del empleo”.

“Estar fuera del euro”, ha proseguido con su explicación, “supondría que las entidades financieras perderían el acceso a los recursos del BCE, y que los clientes de estas entidades perderían la protección del fondo de garantía de depósitos”. De hecho, ha remarcado Palmer, “muchos han movido fuera de Cataluña hasta 4.000 millones de sus depósitos”.

Y en términos financieros, ha destacado, el broche a este despropósito económico lo pondría el corralito, “según dijo la propia CUP”.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, ha señalado Palmer, queda claro que “el coste real de la aventura secesionista es muy elevado”. “Una Cataluña independiente nace ya quebrada, con una población empobrecida en torno al 30%-40%, con un aumento del desempleo, una quiebra del estado del bienestar y una potente pérdida adquisitiva para cada pensionista catalán de 2.600 euros anuales -4.500 millones al año de déficit de las pensiones se cubren con la caja única estatal-”, ha detallado.

Y en un escenario como éste, se ha dirigido a los partidos catalanes, “¿qué esperan que hagan las empresas, sino huir?”. “Los independentistas proclamaban que las empresas deseaban instalarse en una Cataluña independiente, pero la realidad, el puro baño de realidad -ha insistido Palmer-, es que ha habido una huida masiva de empresas, algunas nombres ilustres del propio procés”, entre distintas empresas del IBEX y cientos de PYMES, con un valor de más del 50% en términos de PIB.

Y ante esta “avalancha” de fuga de empresas, ha señalado, “alguno ha querido consolarse diciendo que se iban a los Países Catalanes, pero es que Alicante y Baleares son España”.

Para finalizar, Palmer ha subrayado que “lo cierto es que las empresas se mueven libremente, buscan seguridad jurídica y huyen del abismo”, y que el Gobierno, aprobando dicho Decreto-Ley, “solo ha hecho facilitar la eficacia de una decisión empresarial tomada libremente, y lo ha hecho con una última meta: frenar una sangría de depósitos que ponía en peligro la confianza de todo el sistema financiero y para atajar la inseguridad jurídica generada”.

“Que 150 empresas se vayan al día de Cataluña no pueden atribuirlo a este decreto o a la voluntad del Gobierno”, ha replicado a los partidos independentistas. “Es absolutamente absurdo y no pueden culpar a otros”, ha concluido, porque “los responsables de esta situación son ustedes, así que vuelvan al orden jurídico, al seny y trabajemos juntos por Cataluña y por España”.

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