En una Proposición no de Ley en el Congreso

El GPP reclama medidas urgentes para evitar la quiebra de empresas viables, como la extensión en seis meses más del plazo para concurso de acreedores

El régimen especial de solicitud de declaración del concurso de acreedores a empresas con plan de viabilidad concluye el próximo día 14.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que propone distintas medidas urgentes para evitar la quiebra de empresas viables, entre ellas la de extender seis meses más el régimen especial de solicitud de declaración del concurso de acreedores a empresas con plan de viabilidad, que concluye el próximo día 14.

Asimismo, dicha iniciativa insiste al Gobierno en la necesidad de crear “un fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas que, a través de diferentes fórmulas (coinversión, fondos de capital riesgo, créditos participativos…), pueda inyectar directamente liquidez para garantizar la solvencia de nuestro tejido productivo en una cantidad de, al menos, 50.000 millones de euros”.

Para las empresas no viables, se reclama al Ejecutivo que facilite “la enajenación de unidades productivas singulares y su adquisición por personas físicas y jurídicas, aunque estén relacionadas con la empresa concursada, siempre que se demuestre que no han contribuido a agravar el estado de insolvencia”.

Otra de las medidas que reclama el Grupo Popular es la del desarrollo de “un marco normativo y operativo de mecanismos de recapitalización que permita revertir la situación de descapitalización de nuestras empresas”.

La exposición de motivos de la Proposición no de Ley, suscrita por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, y el portavoz adjunto Mario Garcés, recuerda que el Real Decreto Ley del año pasado sobre concurso de acreedores establece que hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

A juicio del GPP, la suspensión del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso hasta esa fecha “dio un respiro a miles de compañías que confiaban en una pronta recuperación de la economía para poder revertir la situación de insolvencia y evitar la quiebra definitiva”. Pero, según señala el GPP, “las nuevas restricciones por la tercera ola de la pandemia y la falta de medidas de apoyo a las pymes y autónomos por parte del Gobierno hacen que lo que era una esperanza, recuperar la actividad económica antes del 14 de marzo, sea hoy el deadline para muchas empresas españolas que pueden unirse a las 102.000 empresas que ya han cerrado en los últimos 12 meses”.

Asimismo, se indica que si la moratoria concursal concluye abruptamente el próximo día 14, es de esperar una oleada masiva de solicitudes de concurso en un sistema, como el español, que prima la liquidación empresarial antes que la continuidad. No en vano, según fuentes de las principales organizaciones empresariales, más de un 40 por ciento de las empresas nacionales va a necesitar reestructuración de los plazos de su deuda parar atender los intereses y más de un tercio tendrán problemas sistémicos de solvencia.

Por eso, el primer punto de la Proposición no de Ley insta al Gobierno a “extender seis meses más el régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores a aquellas empresas que acrediten estar en un procedimiento de negociación extrajudicial con los acreedores y presenten un plan de viabilidad avalado por una mayoría de estos”.

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