La Comisión de Justicia aprueba mañana la Ponencia sobre el Proyecto de Ley

El GPP destaca su contribución a la mejora de la reforma de la legislación civil sobre discapacidad

Resalta que se trata de una demanda del movimiento de la discapacidad “largo tiempo esperada y reclamada”, en la que el PP ha trabajado a través de 84 enmiendas

El Grupo Parlamentario Popular ha destacado hoy su contribución a las mejoras introducidas en el texto original del Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El Dictamen que mañana martes aprobará la Comisión de Justicia incluye varias modificaciones con respecto al texto original, en las que el PP ha realizado una gran contribución a través de las enmiendas presentadas. “Ha sido una ley muy trabajada por el Grupo Popular para mejorar el texto original y lograr amplios consensos”, subraya.

Como recalca el GPP, se trata de una importante reforma del derecho privado “largo tiempo esperada y reclamada por las personas con discapacidad”, que modifica siete de las principales normas de derecho privado adecuándolas a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 9 de abril de 2008. A saber: Código civil, Ley hipotecaria, Ley notarial, Ley de Registro Civil, Ley de patrimonios protegidos, Ley de jurisdicción voluntaria y Ley de enjuiciamiento civil.

El GPP destaca el impulso y la implicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en todo el proceso de elaboración de este proyecto, que fue encargado por el Gobierno del Partido Popular a la Comisión General de Codificación y que el actual Gobierno ha presentado al Congreso.

El Grupo Popular ha trabajado en mejorar, a través de 84 enmiendas, un texto que llegaba al Congreso de la mano del experto trabajo de la Comisión General de Codificación, en estrecha colaboración con CERMI y con amplia aceptación en lo fundamental entre las entidades de la discapacidad. El GPP ha trabajado escuchando a las entidades de la discapacidad y a expertos para ajustar aún más esta reforma a los principios de la Convención de Nueva York, atendiendo a la problemática práctica trasladada por asociaciones y entidades de la discapacidad, juristas y otros profesionales.

A juicio del GPP, era esencial reforzar la coherencia de los siete textos legales en este cambio de paradigma, que busca hacer realidad la plena integración de las personas con discapacidad sin discriminación y, en este caso, dando un paso esencial al reconocer su plena capacidad jurídica. “Son normas”, explica el Grupo Popular, “que regulan actuaciones imprescindibles a lo largo de la vida de las personas, como nacimiento, determinación de la filiación, matrimonio, divorcio, relaciones de familia, contratación o sucesiones”.

“Con esta ley”, asegura el GPP, “desaparece de nuestro ordenamiento jurídico la incapacitación judicial”. “El principio fundamental que informa esta reforma es que todas las personas tienen plena capacidad jurídica y pueden ejercitarla”, añade.

“Las personas con discapacidad han de recibir el mismo trato que todas las demás y el derecho privado elimina la idea de sustitución de su voluntad por la actuación de representantes legales”, indica el GPP, que señala que “la tutela quedará vinculada a partir de ahora a los menores de edad, y no podrá constituirse respecto a los mayores de edad”. “Tampoco se mantendrá la patria potestad prorrogada o rehabilitada, aunque los padres podrán seguir siendo la persona de apoyo en los términos regulados en el Código Civil”, destaca.

Además, “la nueva normativa regula las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y lo hace considerando éstas un derecho y no una obligación”. “Unas medidas que podrán establecerse o acordarse voluntariamente o que podrán solicitarse al juez, y que tienen la función esencial de apoyar o asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, detalla.

“Sólo excepcionalmente”, indica el GPP, “el designado como apoyo podrá actuar como represente legal y lo hará cuando judicialmente se determine la curatela con ese alcance como medida de apoyo”. “Ello sucederá en los casos en que sea muy difícil que la persona pueda expresar su voluntad o no pueda en ningún caso”, destaca.

Las enmiendas del Partido Popular, que han sido integradas en el texto prácticamente en su totalidad, han tenido como objetivo principal que se tuvieran en cuenta los siguientes principios:

– Las medidas de apoyo son un derecho de la persona con discapacidad, no una obligación.

– Siempre que sea posible, y así se desee, será la persona la que decida voluntariamente las medidas de apoyo que precisa que se adopten en ese momento, o para cuando no pueda expresar su voluntad deseos y preferencias (su alcance, forma de ejercicio, garantías y controles). No tiene por qué acudirse a la autoridad judicial necesariamente.

– Que no se expulse del mercado laboral a las personas con discapacidad. Ello haría imposible la necesaria integración social que nos compromete a todos. Por eso, insistir en dejar claro que la discapacidad no puede ser causa de nulidad contractual.

– Que no se estigmatice a la persona con discapacidad con una publicidad inadecuada de acuerdos y resoluciones que tengan lugar respecto a las mismas en los registros púbicos.

– Ya no puede mantenerse la prodigalidad, tal y como se regula en el derecho vigente, por eso hemos propuesto su supresión. Las situaciones de hecho a las que se refiere la normativa vigente deben encontrar apoyo en el nuevo marco legal.

– Se han reforzado en el texto todos aquellos preceptos que vienen a garantizar la accesibilidad en todos los trámites y procedimientos; la necesidad de un tratamiento personalizado de cada caso; las necesarias entrevistas con la persona con discapacidad para que entienda la trascendencia de cada trámite y pueda decidir en la medida de lo posible lo que más le convenga.

“Esta reforma”, afirma el GPP, “no supone un mero cambio de terminología o trámites y va a requerir el esfuerzo de todos para entenderla y ponerla en práctica. El cambio de paradigma que conlleva deja atrás un bien intencionado modelo paternalista, pero que limitaba derechos del incapacitado y le alejaba de la integración social. El actual modelo se sustenta en la defensa en igualdad de los derechos humanos de las personas sean cuales sean sus capacidades”.

Finalmente, el Grupo Popular destaca que “los trabajos de ponencia se han realizado buscando el máximo consenso en una materia tan sensible como ésta que en algún momento de la vida puede afectar a todos”.

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