En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces

Gamarra defiende el Plan B jurídico del PP como alternativa a un estado de alarma que es muchísimo más cómodo para un Gobierno que pisotea y limita derechos fundamentales

La portavoz del GPP señala que “no es admisible” decirle a los españoles que no hay otra posibilidad que el estado de alarma hasta que no termine esta pandemia, porque “hay una alternativa entre el estado de alarma y la nada” para no someter al conjunto de la sociedad a la restricción absoluta de derechos y libertades, que es el Plan b jurídico del PP

Afirma que “hay un vacío entre el estado de alarma y el no estado de alarma y los grupos parlamentarios tienen la responsabilidad de cubrirlo y de suplirlo”, toda vez que el Gobierno no lo ha hecho en ocho meses de pandemia, porque “la excepcionalidad no se puede convertir en normalidad”

Avisa que “el PP no va a renunciar a legislar y a promover iniciativas legislativas que molestarán al Gobierno, porque evidentemente suponen mayor control, pero es lo que necesita una democracia moderna y de alta calidad como tiene que ser la española”

Señala que las más de 1.500 enmiendas parciales que el Grupo Popular ha registrado a los Presupuestos Generales del Estado van en “la dirección que necesita España para su reactivación económica”.

Detalla que, del total de las enmiendas presentadas, 165 corresponden al articulado en la línea de la enmienda a la totalidad presentada anteriormente por el PP, y que del resto, la mayor parte son territoriales para dotar de las infraestructuras que no han sido incluidas en estos PGE.

Asegura que “estos Presupuestos no son los que necesita España porque están basados en un cuadro macroeconómico que los organismos nacionales e internacionales declaran fallidos y no dan salida a las preocupaciones de los españoles”.

“No compartimos la línea de subida de impuestos que contienen los Presupuestos, ni que el Gobierno se haya dado por vencido en la lucha contra el desempleo ni el abandono que sufren sectores estratégicos que necesitan que el Ejecutivo de su país esté a su lado”, afirma.

Denuncia que la reforma educativa que promueve el Gobierno, que es “excluyente y ataca la libertad educativa y la educación especial, forma parte de la ley de acompañamiento de los PGE”.

Considera que “no es casual que la tramitación de la reforma educativa se haya llevado a cabo con la mayor celeridad de la historia democrática y se apruebe en el Congreso a la vez que la tramitación de los Presupuestos porque esa Ley responde a otras necesidades: a que Sánchez tenga los apoyos de los independentistas y nacionalistas para aprobar los Cuentas Públicas y que pueda seguir en La Moncloa”.

Subraya que el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo, en el que el PP defenderá un voto particular en defensa de los planes de pensiones individuales, demuestra que “cuando el Gobierno tiene voluntad de negociar con el PP hay posibilidad de alcanzar acuerdos”.

Denuncia que la portavoz socialista Adriana Lastra ha negado que el PSOE haya llegado a acuerdos con Bildu, cuando el 20 de mayo de 2020 alcanzó un pacto con ellos y plasmó su firma en ese documento. “¿Acabarán negando hasta su propia firma?”, pregunta.

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