150 COMPROMISOS PARA MEJORAR ESPAÑA

150 COMPROMISOS PARA MEJORAR ESPAÑA

I. Crecimiento económico, competitividad y empleo
II. Sociedad del bienestar y del conocimiento.
III. Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción
IV. Fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial
V. España en Europa y en el mundo

BLOQUE I. CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

A. Cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria

Consideramos fundamental mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

1. Para ello es necesaria la aprobación de forma estricta de todas las acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión Europea antes del día 15 de octubre. En particular, dichas acciones al menos se concretarían en:

– La remisión a las Cortes para su aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria, los objetivos de deuda pública del conjunto de las administraciones y el límite de gasto no financiero del Estado, como paso necesario para la elaboración del proyecto de presupuesto de 2017.

– La remisión a Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 dentro de las fechas previstas en la Constitución (antes del 30 de septiembre).

– La elaboración y su remisión a la Comisión Europea antes del día 15 de octubre del Plan Presupuestario, en los términos establecidos en la Recomendación.

– La revisión del régimen de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, como se anticipó en la última actualización del Programa de Estabilidad, con vistas a corregir la desviación temporal observada en la recaudación por el citado impuesto.

– El refuerzo de los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de los mecanismos de financiación a las CC.AA. (Fondo de Liquidez Autonómica). En particular, deben reforzarse los mecanismos de supervisión de los Planes Económico Financieros, Planes de Ajuste, Periodos Medios de Pago y condicionalidad reforzada vinculada al FLA.

–  Concretar la regla de gasto prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con vistas a asegurar una contribución efectiva de la misma a los objetivos de sostenibilidad financiera.

– Precisar las modificaciones en el marco de la contratación pública necesarias para reforzar su competencia y transparencia, enmarcadas en el proceso de trasposición de las Directivas europeas en esta materia (Directiva 2014/24) y como continuidad de las acciones ya adoptadas.

B. Competitividad y crecimiento de calidad

a. Unas finanzas públicas responsables y un sistema fiscal que beneficie a los que cumplen.

La gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital humano. Para ello:

2. Realizar una revisión integral e independiente del gasto público (spending review), siguiendo las mejores prácticas internacionales, para incrementar su eficiencia, identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas.

3. Rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF.

4. Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro. A la mayor brevedad, y en un plazo máximo de tres meses, se aprobará esta reforma con un objetivo de incrementar la recaudación* para la financiación de los programas sociales comprometidos en el bloque dos de este documento, en el ejercicio en que entre en vigor.

5. En el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, se avanzará en la armonización de los tributos propios y cedidos a las CC.AA. para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones del territorio nacional.

b. Lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales.

6. Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria*.

7. Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. Se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la publicidad de sus autores.

8. Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades.

– Se promoverá la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.

9. Revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios.

10. Facilitaremos el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe (pago a través de terminal móvil) con objeto de incrementar la facilidad, comodidad y seguridad de esas operaciones. En particular, establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones.

11. Aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su independencia y profesionalidad, e incrementar sus recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno*. Se creará una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT parar reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.

c. Competencia y eficiencia en los mercados de bienes y servicios.

Es fundamental que los mercados de bienes y servicios cumplan de la forma más eficiente la labor de asignación que desempeñan en la sociedad, satisfaciendo las demandas de los consumidores y vigilando la competitividad de nuestro sistema productivo. Para ello es imprescindible garantizar la independencia y evitar injerencias políticas en los organismos reguladores. La mala asignación de recursos y la falta de
competencia tienen un coste altísimo en términos de productividad para la sociedad.

Mejorar la regulación económica de los distintos sectores es una tarea permanente,
en cuyo ámbito proponemos las siguientes medidas:

12. Garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno. Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional en términos equivalentes a los que hoy tiene la AIREF, incluyendo su financiación con tasas establecidas por ley. Sus Presidentes y sus Consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos.

13. Separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno:

– Una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.

– Una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de
protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.

14. Reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones basados en la lealtad institucional. Se avanzará decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y barreras regulatorias
injustificadas, incluyendo las medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene, y promoviendo el reconocimiento mutuo entre CCAA. Crearemos la Secretaría General de Unidad de Mercado, con la finalidad de fortalecer los medios destinados a atender las demandas de los operadores económicos, y de
que las empresas puedan desarrollar su actividad en un mercado interior más amplio e integrado.

15. Crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores justificados en la “letra pequeña” de los contratos, y también se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña el ICAC. Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios.

16. Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios. Se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las “cláusulas suelo” que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado. Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares,
para evitar situaciones de fraude y estafa. En esta materia, además:

– Avanzaremos en la mejora de la transparencia bancaria, promoviendo medidas que permitan a los clientes obtener más y mejor información. Haremos que la información se suministre en términos más homogéneos y comparables, con objeto de favorecer que los clientes puedan valorar mejor sus opciones y obtener condiciones más ventajosas.

– Facilitaremos que los clientes bancarios cuenten con información puntual a través de medios electrónicos, por ejemplo, respecto de las situaciones que puedan dar lugar a un descubierto y, por tanto, a un coste adicional no previsto.

17. Suprimir la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), cuyas funciones y presupuesto serán asumidas por un nuevo instituto independiente para el análisis y evaluación de políticas sociales para evaluar la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público incluyendo políticas educativas, sanitarias y sociales a nivel nacional, de forma independiente, profesional y efectiva.

18. Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales.

19. Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las
energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para 2030-2050.

20. Avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos (“tarifa eléctrica”) ajustados a los costes. De esa forma los precios españoles se irán aproximando a los precios medios de la UEM. La política energética se realizará en función de los compromisos europeos, favorecerá la penetración de energías renovables, manteniendo la competitividad de la economía española y el poder adquisitivo de los hogares. Se llevará a cabo una auditoría y liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema. Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como
“impuesto al sol”) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta particularidades adicionales de los sistemas extra-peninsulares, tratándolas de manera específica atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema.

21. Impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos. Se potenciará la Oficina Nacional de Evaluación, que establecerá las inversiones prioritarias en los nuevos Planes de Infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, evaluación continua y transparencia. Las grandes infraestructuras y proyectos de inversión deberán ser ratificados antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas.

– Racionalizar la política de infraestructuras para priorizar el desarrollo de las de transporte de carácter estratégico nacional. En particular, se impulsará decididamente el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, se agilizarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la Variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017 y se continuará fomentado el transporte de ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España.

d. Apostar por la innovación y la ciencia para la transformación de nuestro modelo productivo.
Apostamos por la innovación y la ciencia para la transformación de nuestro modelo productivo.

Queremos crear el entorno institucional adecuado, que elimine barreras al emprendimiento y favorezca la generación de proyectos innovadores y la atracción de talento; así como establecer un modelo de I+D+i que reconozca adecuadamente la labor de los investigadores, para que vean recompensados todos sus esfuerzos, que produzca resultados útiles para nuestro tejido productivo y que permita desarrollar las sinergias entre los distintos agentes que participan en el esfuerzo investigador, tanto públicos como privados. Con esta finalidad, consideramos necesario:

22. Impulsar un Pacto Nacional por la I+D+i que promueva un incremento de la inversión pública estatal para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en el conjunto de todas las actividades de I+D+i en el año 2020, una mejora en la cultura científica del país, un incremento en la capacidad de generación de conocimiento y una mayor transferencia de los resultados de la ciencia a la sociedad. Se reformará el
Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D.

23. Crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica*. Esta red estará formada por institutos tecnológicos para investigación aplicada con financiación mixta público-privada. Cada instituto estará ligado a una universidad u otros centros de investigación. El director del instituto será una figura investigadora destacada en el área. Además del director, los institutos estarán formados por personal
investigador propio. Se financiará en un 60% con fondos públicos, un 35% con fondos privados y un 5% con becas internacionales. Los fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de los contratos de investigación con empresas. Se aplicarán criterios estrictos de evaluación de los resultados y las retribuciones de los investigadores se ligarán a la efectividad de las innovaciones y proyectos
acometidos.

24. Estimular la financiación privada de la I+D+i reformando el actual sistema de deducciones fiscales para equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los previstos para las empresas con beneficios en el Impuesto de Sociedades.

25. Mejorar la financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding que coinviertan con capital especializado (siguiendo el ejemplo del exitoso programa Yozma en Israel), mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.) y centrando los recursos en sectores de alta tecnología, especialmente en las etapas
iniciales.

– Establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla (inspirado en el exitoso Seed Enterprise Investement Scheme británico) que favorezca el desarrollo de StartUps en España. Se recuperará la deducción previa por la remuneración mediante “stock options” para las StartUps y se ampliarán los
beneficios fiscales en el IRPF para los inversores de proximidad.

– Impulsar el crowdfunding como método de financiación alternativa para los emprendedores y las StartUps. Se reformará la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial para eliminar el límite de captación de fondos por proyecto de financiación participativa, delimitar claramente las funciones
que deben ejercer obligatoriamente las plataformas de financiación participativa, y establecer un Registro Público Estatal de Inversores Acreditados, dependiente de la CNMV, que libere a las plataformas de financiación participativa de la obligación de acreditar la situación
financiera y patrimonial de los inversores.

26. Promover una revisión de las políticas de compensación de los investigadores que obtienen patentes de utilidad económica en centros públicos de investigación y universidades, con la finalidad de que reciban al menos el 50% de los ingresos que dichas patentes generen, y adoptaremos medidas para incentivar que las empresas del sector privado aprueben esquemas similares.

27. Impulsar la Economía Digital, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales. Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G, banda ancha) en diversos ámbitos, impulsar la presencia de PYMES en el comercio electrónico, mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los
trabajadores y tomar medidas específicas para atraer emprendedores del mundo digital.

-Avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos. Impulsar el proceso de transformación digital de la industria, a través de la iniciativa Industria Conectada 4.0, que pretende la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadenas de valor, y en la aparición de nuevos modelos de negocio.

e. Defensa del medio ambiente, medio rural, el sector agroalimentario y la industria
pesquera.

28. Compromiso en la defensa del medio rural, el sector agroalimentario y la industria pesquera.

– Agricultura: Trabajar para que la Política Agrícola Común contribuya a la ordenación del territorio europeo, tanto a través de la actividad agroalimentaria como de cuantas actividades económicas puedan
desarrollarse en el medio rural, generando así riqueza y empleo y poniendo en marcha políticas activas a favor del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

– Pesca: Afrontar los retos de la nueva Política Pesquera Común, mediante el desarrollo de mecanismos de investigación e innovación que permitan conocer la situación real y atender a sus efectos. Se seguirán las directrices europeas defendiendo las técnicas de pesca sostenible que garantizarán la supervivencia de nuestros recursos pesqueros.

– Agroalimentario: Elaborar una Estrategia de Desarrollo del Sector Agroalimentario, con horizonte 2027, acompasada con la futura PAC, que prepare al sector y que abarque las acciones a implementar.

– Agua. Apostamos por un proceso de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua.

29. Potenciar las capacidades del sector turístico:

– Crear instrumentos de financiación y apoyo a proyectos de renovación integral que se realicen de forma coordinada entre el sector público y el privado, que aborden la necesaria revalorización de nuestros destinos turísticos (hoteles, viarios, infraestructuras, etc.).

C. Impulso a la iniciativa emprendedora, al trabajo autónomo y economía social

a. Iniciativa emprendedora y desarrollo empresarial. Debemos apoyar el desarrollo empresarial, trabajando en la eliminación de los escalones regulatorios que desincentivan el crecimiento de las PYMES, de forma que puedan desplegar su máxima productividad y competitividad adquiriendo la escala óptima. El objetivo de estas medidas es lograr que España se sitúe en el top 10 del
ranking Doing Business al final de la legislatura. Para ello, promoveremos medidas
encaminadas a:

30. Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA de 6 a 20 millones de euros. Se flexibilizarán los umbrales a partir de los cuales se producirá la integración en la Unidad de Grandes Contribuyentes.

– Rebajar la carga fiscal a las PYMES que invierten en su desarrollo: cuando una PYME crezca y revierta sus beneficios podrá duplicar, hasta 10 puntos, su rebaja en el Impuesto de Sociedades.

– Establecer un nuevo tipo de ¨auditoría abreviada¨ para las PYMES y las empresas cuya cifra de negocios les permita presentar sus cuentas anuales en formato abreviado.

– Crear un instituto especializado en el apoyo a las PYMES (tomando como modelo el Small Business Services británico o el Banco Único de PYMES de Luxemburgo) que concentre en un único interlocutor todas las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMES (como la creación de empresas, gestión de cobros fiscales, etc.).

b. Autónomos y emprendedores

Queremos reconocer e impulsar el papel clave de los trabajadores autónomos, que son una parte fundamental de nuestra economía. Para ello, llevaremos a cabo medidas urgentes que faciliten la actividad de los autónomos, reduzcan las cargas administrativas y fiscales que soportan, mejoren su protección social, particularmente las de las mujeres. Proponemos:

31. Crear una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), con los siguientes objetivos:

– Articular un sistema que permita que los autónomos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de cotizar y que reduzca las cargas administrativas, mejorando la capacidad de elección de las cotizaciones de todos los autónomos.

– Establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica.

– Alcanzar la plena compatibilidad entre la percepción de una pensión de
jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta propia.

– Facilitar la posibilidad de que los autónomos opten por que se les contabilice, de cara al cómputo de la pensión, la totalidad de la vida laboral.

– Fortalecer la protección social de la que disfrutan los trabajadores autónomos, para hacerla equiparable a las prestaciones del régimen general, siguiendo el principio de que a igualdad de contribución debe corresponder igual grado de protección social.

32. Entre tanto, en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido efectivamente. Entre ellas:

– Ampliar la cuota reducida para los nuevos autónomos, para que quienes inicien un negocio paguen sólo 50 euros al mes durante el primer año, en lugar de los 6 meses actuales.

– Establecer que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el primer día del mes, el importe de cotización se calcule únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.

– Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización de los autónomos.

– Modular el régimen de recargos en la cotización de la Seguridad Social para los autónomos.

– Clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar con un elevado grado de seguridad jurídica.

– Bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el embarazo, incluso en los casos en los que no se contrate un trabajador de sustitución.

– Equiparar los incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del régimen general.

– Adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo Económico y Social a la realidad económica actual y a las nuevas formas de organización del trabajo, en particular para mejorar la presencia de las asociaciones de trabajadores autónomos.

c. Impulsar la economía social:

33. Adoptando las medidas adecuadas para eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que impiden o limitan el desarrollo de las empresas de Economía Social y reforzando la presencia de la Economía Social de manera que se reconozca su contribución a la generación de tejido empresarial y empleo.

d. Reducción de la morosidad empresarial. La morosidad empresarial es un serio problema para nuestras PYMEs y autónomos, que dificulta su actividad económica y genera costes muy elevados. Por ello, consideramos necesario desplegar las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa de plazos de pago empresarial:

34. Aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas. Las empresas que no cumplan con los períodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social.

– En las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten.

– Establecer incentivos para que las empresas adopten el régimen del IVA de caja en la mayor medida posible, de forma que las PYMEs puedan repercutir el impuesto cuando reciban efectivamente los pagos por sus ventas.

e. Segunda oportunidad.
La financiación y el endeudamiento son preocupaciones fundamentales de nuestros emprendedores y autónomos.

35. Consideramos necesario avanzar en las medidas que puedan facilitarles su viabilidad financiera y garantizarles una “segunda oportunidad” después de un proyecto empresarial fallido. Por este motivo, contemplamos:

– Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.

– Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.

– Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.

– Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe.

– Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor.

D. Empleo y lucha contra la precariedad.

a. Mercado de trabajo.

Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos, dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital
humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces.

36. Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo:

a. Contrato indefinido.

b. Un contrato “de protección creciente”: con duración determinada, causal e indemnización creciente.

c. Un contrato para la formación, para la cualificación profesional del trabajador, tanto en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en la empresa con la actividad formativa, como para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios previamente
cursados.

– Fijar para el contrato “de protección creciente” las siguientes características:

a. Sólo podrá celebrarse cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra.

b. Una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más cuando así se establezca en convenio sectorial estatal o en su defecto de ámbito sectorial inferior. Tal límite temporal no operará cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto
de trabajo.

c. Una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a 12 días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad.

d. Una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.

e. Un preaviso de 15 días en caso de extinción siempre que la duración del contrato supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera
incumplido.

f. En caso de conversión en contrato indefinido los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondientes a cada mes quedarán exentos de cotización durante cuatro años.

37. Reconocer a todos los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad de contratación, el derecho a un preaviso de 15 días en caso de extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba siempre que éste supere los seis meses.
En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.

38. Introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como “mochila austríaca”, mantenida a lo largo de su vida laboral. El trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.

39. Establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su
porcentaje de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. El diseño de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos.

40. Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. Para ello se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital, en particular a los mayores de 45 años. Asimismo se analizará el establecimiento en la ley de límites claros al control tecnológico de la prestación laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión.

41. Promover activamente la igualdad de género en el seno de la empresa, entre otras medidas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración, y se fomentando una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se deben publicar en el informe
anual.

b. Plan de choque contra el desempleo.

42. Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación. Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado y con el que podrán formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y laborales.

– Evaluar en el marco del diálogo social y el debate parlamentario, y ampliar el Programa de Activación Para el Empleo* (PAE Plus) para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

– Dar un nuevo impulso a los planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el marco de la Estrategia de emprendimiento y empleo joven y de la Garantía Juvenil Europea. En concreto, y de manera urgente mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de 30 años en el Registro telemático de Garantía Juvenil, la integración de los datos del registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de la eficacia de los planes y acciones de empleo y formación dirigidos a los más jóvenes, y establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de la
CCAA en la aplicación del Sistema de Garantía Juvenil.

– Crear el organismo independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo, con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas, mejorando su coordinación y promoviendo un aumento de su eficacia y eficiencia.

– Aprobar de manera urgente el Desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015 que regula el sistema de formación profesional para el empleo, agilizando la Implantación de los Cheques de Formación para los desempleados de larga duración, con el fin de que ellos mismos puedan elegir directamente los cursos de formación que más se adapten a sus necesidades.

– Reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo para garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los a los servicios prestados por los mismos.

– Dar un impulso al portal único de empleo a través de una mayor vinculación con otras redes sociales y portales de empleo privados para que se convierta en el portal de referencia y fuente de información necesaria para la creación del mapa de competencias demandas y ofrecidas en el
mercado de trabajo.

– Orientar las acciones en materia de políticas activas de empleo a resultados en términos de inserción de los desempleados, continuando con la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos e informando públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer la fiscalización de los programas por la opinión pública.

BLOQUE II. SOCIEDAD DEL BIENESTAR Y DEL CONOCIMIENTO

A. Sistema público de pensiones.

43. En el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo,

– Fortalecer el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad y suficiencia.

– Estudiar la reordenación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, en especial en lo relativo a aquellas prestaciones que no tengan un carácter netamente contributivo.

– Mejorar la transparencia del sistema de pensiones con el fin de que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar.

– Favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo y promover una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del
salario por actividad laboral. En particular, establecer un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan optar entre: o Compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya
sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena. O, aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

B. Sistema Nacional de Salud Trabajar por una sanidad moderna y universal, capaz de responder a nuevas necesidades e incorporar nuevos avances. Para ello:

44. Garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurando la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito, y garantizando la igualdad en el acceso con una misma cartera básica de servicios para todos los ciudadanos en un marco de amplia descentralización. Asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los
medicamentos, en especial para familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia.

45. Para asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del territorio nacional se creará un fondo sanitario* que permita que los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos se financien con cargo a dicho Fondo, de tal manera que se eviten las inequidades de acceso al tratamiento. Las decisiones de traslado a CSUR o de tratamiento con
medicamentos huérfanos se tomarán por comités clínicos independientes, sin cargos de libre designación.

46. Recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario por habitante previos al inicio de la crisis económica, a lo largo de la legislatura.

47. Reducir las listas de espera y generalizar la libertad de elección de médico y centro.

48. Elaborar un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud, al que se podrá acceder a través del Portal de la Transparencia, en el que se proporcione indicadores y datos estadísticos comparados de funcionamiento, calidad, actividad asistencial, gasto por capítulos detallados servicio por servicio y centro por centro. Este Portal de Transparencia será de libre acceso y permitirá detectar disfunciones
y diseñar una correcta asignación de los recursos.

49. Profundizar en el reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios y en la
ordenación de recursos humanos en el sector sanitario. Para ello, entre otras medidas, estudiar, en el marco del diálogo social y de los compromisos de consolidación fiscal del Estado y las CCAA, las medidas necesarias para mejorar la situación contractual de los profesionales al servicio de la Sanidad Pública al
objeto de acabar con la precariedad laboral y garantizar su estabilidad. A su vez, se regulará también el acceso de dichos profesionales a los puestos de trabajo, incluyendo mandos intermedios (jefaturas de sección o servicio) mediante procesos de libre concurrencia donde se aseguren los principios de igualdad, mérito y capacidad, eliminándose la libre designación y la libre remoción para estos casos.

50. Cumplir los compromisos aprobados por unanimidad por resolución de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la XI Legislatura en el ámbito de la Talidomida. Se impulsarán acciones protectoras o reparadoras en el ámbito social a favor de las personas afectadas por la Talidomida, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan emprender frente a los responsables de su comercialización.

51. Otorgar especial atención a la mejora de los servicios públicos en nuestras zonas rurales.

52. Mejorar el acceso a la tecnología innovadora en salud eliminando barreras jurídicas e implantando nuevas fórmulas sostenibles para su incorporación, así como de nuevos avances terapéuticos. Seguir impulsando las centrales de compras.

– Impulsar la e-salud: Avanzar en la extensión la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España.

53. Aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida y el derecho a que sean ayudadas con cuidados paliativos que eviten el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable, pero sin abordar en esta norma la eutanasia activa o sedación final inadecuada.

C. Servicios sociales eficaces, capaces de responder a las necesidades de los
ciudadanos.

Avanzar, mediante el diálogo y el acuerdo, en una mayor armonización del Sistema de Servicios Sociales para una mayor cohesión, calidad y equidad. Para ello;

54. Aprobar una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garantice, con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes, y nos permita avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos en el ámbito social.

55. Promover una mejor coordinación y refuerzo de las ayudas, rentas y prestaciones sociales estatales con las de ámbito autonómico con el fin de garantizar su transparencia y complementariedad y potenciar su eficacia. A estos efectos:

– Se implantará una “tarjeta social” que permita conocer para cada individuo las prestaciones y asistencias sociales de las que se beneficia por parte de  las diferentes administraciones públicas.

– Se fomentará una mayor coordinación de los sistemas de ayudas para la erradicación de la exclusión social y la pobreza, intensificando la cooperación entre Administraciones, completando el mapa de prestaciones públicas.

56. Establecer un modelo integral de atención sociosanitaria que garantice la continuidad adaptada entre asistencia sanitaria y social en función de las necesidades de cada paciente.

D. Fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia, con una gestión más ágil y un mayor énfasis en la prevención.

57. Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales y mejorar su financiación en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes. Se recuperarán los
recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia*.

58. Se llevará a cabo, en coordinación con las CCAA, un proceso de evaluación permanente de la Ley de Dependencia en España para garantizar unos estándares comunes de calidad.

59. Impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la ampliación del Sistema de Atención a la Dependencia a las enfermedades mentales severas.

60. Reforzar los programas de prevención de la dependencia, promoción de la salud y de abordaje de la cronicidad.

– Establecer sistemas de control de la eficacia de las políticas de dependencia trasladando sus resultados al Portal de la Transparencia.

E. Atención a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad

Centraremos nuestros esfuerzos en la atención a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad, concentrando recursos y mejorando la respuesta de los poderes públicos ante las necesidades sociales. Para ello, proponemos:

61. Establecer un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de Complemento Salarial Garantizado*, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, y sus condiciones y patrimonio familiar.

62. Implantar la “tarjeta social” y realizar un proceso de coordinación y racionalización
de prestaciones públicas para evitar duplicidades y garantizar la igualdad de
atención ante igualdad de necesidades entre todos los españoles.

63. Elaborar un nuevo Plan contra la Pobreza Infantil (Plan INFANCIA) 2017* que refuerce los Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación. Impulsar la elaboración de planes autonómicos y locales de infancia y adolescencia.

64. Facilitar la reestructuración de deudas de las personas y familias en situación de vulnerabilidad afectadas por los desahucios, otorgándoles el derecho a la dación en pago de la vivienda habitual con posibilidad de seguir habitándola durante dos años de forma gratuita. Seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas y familias afectadas por los desahucios, a través de la prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida y la mejora de la
información, impulsando el apoyo en situaciones de pérdida de vivienda y mejorando la empleabilidad.

65. Congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y reforzar la
protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los
consumidores en situación de vulnerabilidad.

– Impulsar la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión, en colaboración con las CCAA y EELL, y con la participación de las empresas y la sociedad.

– Dedicar especial atención a las familias más desfavorecidas en la puesta en marcha del nuevo Plan de Vivienda 2017-2020.

F. Conciliación y familia

Aseguraremos una mayor protección a las familias, como eje de la solidaridad y la cohesión social en nuestro país, especialmente a aquellas que atraviesan mayores dificultades. Para ello:

66. Aprobar una Ley Integral de Apoyo a las Familias, que ordene, sistematice, actualice y amplíe los apoyos que las familias de todo tipo reciban de las instituciones públicas. Entre otras medidas, contemplará:

– Aprobar las medidas necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años*.

– Mantener a las familias en situación de vulnerabilidad como objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.

– Otorgar la condición de Familia Numerosa de Categoría Especial a partir del cuarto hijo.

– Crear una certificación específica para las familias monoparentales, con una definición homogénea en todas las administraciones, que permita garantizar un mínimo de protección.

– Dar un apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras. Elaborar un mapa de recursos que permita a las familias con niños con enfermedades raras conocer los diferentes
especialistas y centros. Y analizar nuevas fórmulas de apoyo a las familias con cáncer u otra enfermedad grave.

67. Abrir un diálogo para alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios, para lograr una jornada laboral más compacta y flexible. Se buscará un consenso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para recuperar el huso horario GMT y generalizar medidas que permitan conciliar mejor la vida laboral con la personal y
familiar, tales como:

– La finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h.

– La ampliación de forma progresiva de la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas.

– El reconocimiento por ley la posibilidad de acumular la reducción de jornada en determinados periodos a lo largo del año y también la facultad de disponer de un número determinado de días de vacaciones como bolsa de horas para asuntos propios.

– Impulsar en los convenios colectivos fórmulas para la flexilibización de la jornada laboral.

– Facilitar la posibilidad de disponer de un número determinado de días de vacaciones como bolsa de horas para asuntos propios.

– Implementar fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita,
para su utilización al menos 1 día por semana.

– Facilitar la posibilidad de trabajar en diferentes turnos que se adapten particularmente al horario deseado por el trabajador.

– Promover que las escuelas infantiles y centros educativos ajusten sus horarios de apertura a los horarios laborales de los padres, en colaboración con las CCAA.

68. Impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer el interés superior del menor, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y siguiendo las directrices de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

69. Suscribir el Pacto de Estado por la Infancia impulsado por UNICEF. Incrementar la inversión en infancia hasta equipararla a los países de nuestro entorno y aprobar una Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia para salvaguardar los derechos y la integridad física y moral de los niños y niñas y actuar contra la violencia y abusos que sufren.

70. Aprobar una Ley de Protección Integral frente a la Violencia Intrafamiliar, con presupuesto suficiente que permita prevenir y detectar situaciones.

G. Compromiso con nuestros mayores.

71. Fortaleceremos el valor del envejecimiento y favoreceremos la solidaridad intergeneracional para afrontar mejor los nuevos retos demográficos. Entre otras medidas:

– Promoveremos servicios que faciliten a las personas mayores su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, así como las ayudas para el acondicionamiento y adaptación del hogar. Además, promoveremos el “Cohousing” (vivienda colaborativa) para nuestros mayores.

– Elaboraremos una Estrategia de coordinación contra los Malos Tratos a las Personas Mayores entre las administraciones y las entidades del Tercer Sector, para garantizar sus derechos y desenmascarar situaciones de maltrato físico, psicológico o económico.

H. Protección de los consumidores Favoreceremos una mayor protección de los consumidores, especialmente en aspectos como los productos financieros.

72. Incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos quedan perfectamente protegidos. Reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, siempre poniendo al cliente
como prioridad de los cambios normativos. La nueva Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero asumirá el rol de atender las reclamaciones y resolver diferencias de los usuarios de servicios financieros.

– Promover fórmulas para favorecer la formación financiera y de consumo en colegios y universidades.

I. Promoción de la igualdad.

Avanzaremos en el compromiso en la defensa y la promoción de la igualdad, como base de una sociedad madura y avanzada.

73. Igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual y/o de identidad de género:

– Promoveremos activamente la igualdad de género incentivando a las empresas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los altos cargos y consejos de
administración y fomentará una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se deben publicar en el informe anual.

– Desarrollar iniciativas de educación en igualdad entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real de oportunidades, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Impulsar programas de formación del profesorado en educación para la igualdad y la no discriminación, y de prevención de la violencia.

– Profundizar los programas para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: luchar contra la discriminación, fomentar el empleo y la formación de las mujeres, impulsar el emprendimiento femenino, aumentar el acceso de las mujeres a los puestos de dirección, apoyar las políticas de igualdad en la empresa y corregir la brecha salarial.

– Desarrollar programas de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales e impulsar el Plan para la Promoción de las Mujeres Rurales 2015-2018, profundizando asimismo la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias. Así mismo se
establecerán y aplicarán los controles de seguimientos necesarios para garantizar el cumplimiento y el buen desarrollo.

J. Erradicación de la violencia de género, entre Administraciones y agentes políticos, económicos y sociales.

74. Impulsar un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, para reforzar la lucha contra esta lacra social por medio de un gran pacto social, político e institucional, dotándolo de los medios económicos necesarios. Se modificará la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para adaptar la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la
CEDAWque España ha ratificado.

– Activar de manera permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, así como aumentar los recursos para los Juzgados de Violencia de Género y activar el Acompañamiento Judicial Personalizado. Establecer, a su vez, protocolos específicos para la atención integral a las mujeres que retiren una denuncia por violencia de género o estén en situaciones de riesgo, y se asegurará una garantía habitacional para las víctimas no supeditada a la existencia de una denuncia
previa. Asimismo se revisarán los protocolos existentes.

– Reforzar la prevención y formación mediante campañas innovadoras de sensibilización que utilicen nuevas técnicas y tecnologías para promover la participación activa de profesionales y de toda la sociedad.

75. Perfeccionar los mecanismos de derivación de las víctimas desde los servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral y mejorar los mapas de recursos para víctimas de violencia de género.

– Impulsar pautas comunes para la intervención individualizada, integral y multidisciplinar en mujeres que sufren violencia de género, así como la figura del profesional de referencia y perfeccionar los protocolos de coordinación, contemplando la situación específica de los menores. Se desarrollarán los protocolos necesarios desde los ayuntamientos y se dotará de los recursos y medios necesarios a los “Observatorios de Violencia de Género”.

– Promover que los itinerarios específicos de empleabilidad tomen en consideración la especial situación de las mujeres víctimas de violencia de género.

K. Igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional, y con su plena integración social y laboral.

76. Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

– Profundizar en el desarrollo de programas específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito del empleo. Y favorecer un mayor seguimiento de estas medidas, para valorar su eficacia.

– Regular la expedición y uso de la “Tarjeta Europea de la Situación de Persona con Discapacidad” para acreditar a los beneficiarios en los distintos países de la Unión Europea y que puedan acceder a los derechos y prestaciones que estén establecidas.

– Priorizar la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos, y facilitar el ejercicio del derecho al voto.

L. Lucha contra la discriminación por diversidad sexual y de género.

77. Mejorar la Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de
Género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI y dispensando la protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos vejatorios, recogiendo un mapa de recursos ofrecidos por los distintos niveles de la administración, con el fin de promover las buenas prácticas en la gestión de la diversidad.

M. Educación.

a. Por una educación que prime la excelencia y garantice la igualdad de oportunidades.

78. Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En el primer mes de gobierno se constituirá una Subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la elaboración de un
acuerdo consensuado en el plazo de seis meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor.

79. Elaborar un nuevo Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar (Programa PREFE)* dirigido a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, con el objetivo de trabajar por una educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos centros podrán acceder a una financiación
adicional para mejorar sus programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales. La financiación se mantendrá si el centro muestra mejoras en sus niveles de desempeño educativo y si reduce sus tasas de repetición y abandono escolar.

80. Desarrollar un nuevo Plan CONCILIA3 de Educación Infantil de 0 a 3 años* que aumente el número de plazas en escuelas infantiles para avanzar hacia la universalización, estableciendo ayudas dirigidas a las familias con menos recursos para garantizar su acceso, en colaboración con las Comunidades Autónomas.

81. Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública, que garantice a todos nuestros jóvenes el dominio del inglés. Se pondrá en marcha un programa nacional de formación del profesorado en inglés y en enseñanza de disciplinas no lingüísticas en inglés. Garantizaremos todos los recursos técnicos y humanos para que en 10 años para obtener el título de grado todo universitario
deberá obtener un nivel B2 de inglés.

82. Establecer un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto* para las familias a través de un sistema público de libros compartidos, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Este programa deberá combinarse con un proceso de digitalización de la enseñanza que asegure la disponibilidad de materiales digitales de calidad, para que en 5 años la “mochila digital” sea una realidad.

83. Aprobar un Estatuto del Personal Docente, basado en el Libro Blanco de la Función Docente que establece los deberes y derechos del profesorado, que refuerce el reconocimiento social y profesional de nuestros maestros y profesores, regule sus condiciones de trabajo, mejore su formación, establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia a través de un
“MIR docente. Adicionalmente abordar, dentro del marco del diálogo social, medidas tanto de gestión y ordenación de los recursos humanos, como de fomento de la contratación estable, que eliminen los costes que supone la excesiva temporalidad en la contratación laboral en el sector público educativo, en
particular los contratos de corta y muy corta duración del personal docente.

84. Aumentar los recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y seguir impulsando la “FP Dual” que combine formación y trabajo en las empresas. Lograr que en los próximos años la formación profesional dual llegue a 100.000 alumnos.

85. Desarrollar el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, dotándolo de medios para prevenir y reaccionar de manera eficaz contra el bullying y el ciberacoso, facilitando entre otros los canales de comunicación y de atención personalizada y profesional para afrontar, con la ayuda de expertos, la respuesta ante estas situaciones.

86. Facilitaremos que los padres puedan ejercer eficazmente su derecho a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos. Continuaremos respaldando el sistema de conciertos educativos en apoyo a la educación pública y garantizando la igualdad de oportunidades.

b. Una universidad que prepare para el presente y para el futuro.

87. Reformar el sistema universitario español, para promover la excelencia docente e investigadora. Se reformará el sistema de gobernanza de las Universidades públicas para garantizar reforzar su autonomía e independencia, y se establecerán medidas para garantizar los principios de mérito y capacidad en el acceso del Personal Docente e Investigador (PDI) con el objetivo de lograr mayor apertura al talento en las universidades. Se establecerá la posibilidad de que las universidades reciban financiación adicional basada en criterios como la empleabilidad lograda, la consecución exitosa de programas de investigación o el impacto internacional de su producción científica.

88. Aumentar las becas para facilitar el acceso a la educación de todas las personas con necesidad de ayuda con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades.
Se promoverán los programas de becas-salario y de “becas de excelencia”, que cubrirán tanto las necesidades del estudiante como una parte importante del coste de matrícula.

N. Cultura

89. Modificar los tipos impositivos del IVA cultural de forma que no se produzca discriminación entre actividades públicas y privadas, y se establezca el tipo reducido para los espectáculos culturales en directo.

90. Aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y un Estatuto del Artista y el Creador para promover el desarrollo de nuestras industrias culturales y creativas y para reforzar la protección social de nuestros artistas, autores y creadores. Se desarrollará un sistema de bonificaciones a la exportación y la acción cultural exterior, en línea con lo establecido en los países de nuestro entorno europeo.

91. Reformar la Ley de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor, para que sea un instrumento que garantice el mayor acceso posible al patrimonio cultural y establezca medidas para defender los derechos de los creadores de contenidos digitales. Se revisarán los aspectos relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.
Se reforzará la Comisión de propiedad intelectual sección segunda para mejorar su eficacia en la lucha contra el tráfico ilegal de contenidos y se estudiará la creación de una Secretaría General de Propiedad intelectual. Asimismo se pondrá en marcha una campaña en los centros educativos para concienciar a los escolares de la necesidad de respetar la propiedad intelectual.

92. Elaborar un nuevo plan para el Instituto Cervantes con una estrategia de implantación internacional que también tenga en cuenta los países de habla hispana para extender la red de Centros por toda Latinoamérica. El Cervantes tiene que seguir siendo una institución de referencia en la expansión del idioma y de la cultura española, prestando atención también a las lenguas cooficiales.
El Instituto Cervantes debe aspirar a consolidarse internacionalmente como en gran centro de referencia de la enseñanza del español y la certificación de su aprendizaje. Se incrementará su partida presupuestaria y se garantizará su independencia, seleccionando a sus gestores por criterios de mérito y desde la total transparencia.

BLOQUE III. TRANSPARENCIA, REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN.

A. Más credibilidad y más confianza.

93. El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para
desempeñar cargos públicos. Adicionalmente, los partidos firmantes se comprometen, a través de un Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, a hacer extensivo estos
compromisos y a concretar sus efectos al resto de las fuerzas políticas.

94. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes
públicos.

95. No se concederán indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo.

96. Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de Presidente del Gobierno no opte a la reelección. En el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso.

97. Impulsar, en el marco del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, una reforma del régimen electoral que aborde, desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales.
El Partido Popular se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada.

98. Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro.

B. Más fortaleza de las instituciones democráticas.

99. Promover la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para facilitar mejores mecanismos de participación con la finalidad de que los ciudadanos puedan sentirse más representados e implicados en la gestión de los asuntos públicos.

100. Impulsar la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para modificar, entre otros aspectos, el régimen de mayorías necesario para la adopción de acuerdos relativos a la creación de comisiones de investigación por el Pleno de la Cámara.

101. Transformar el Senado en estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado. Entre dichas funciones figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte, o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos. Asimismo, ambos partidos se
comprometen a apoyar la reducción sustancial del número de senadores.

102. Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los
doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados.

C. Más control y fiscalización de los partidos políticos.

103. Se refundirán las leyes relativas a los partidos políticos y a su financiación bajo la denominación de Ley orgánica de los partidos políticos y de control de su financiación.

104. Se impulsarán, en el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, las reformas necesarias para garantizar:

– Una mayor democracia interna de los partidos.

– Los derechos y libertades de los afiliados.

– La participación efectiva de los afiliados en la toma de decisiones.

– La ampliación de las obligaciones de transparencia.

– La mejora de los procedimientos electorales internos, respetando la autonomía organizativa de cada formación política.

– La celebración de congresos de manera periódica.

– La existencia de órganos internos de control independientes.

– La dotación de sistemas internos de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos del régimen de responsabilidad establecido en el Código Penal.

D. Más transparencia y ejemplaridad en la gestión pública.

105. Extender los mecanismos de comprobación de la situación patrimonial de los cargos públicos, previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo, a todas las Administraciones Públicas e instituciones del Estado.

106. Incorporar en el Código Penal, en el marco del Pacto de Estado para la Regeneración y la Calidad de la Democracia, el delito de enriquecimiento ilícito, una vez que se tengan todas las garantías sobre su constitucionalidad.

107. Endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese, en caso de incorporaciones ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector en el que no tenían experiencia profesional previa y hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión. 108. Encomendar a un organismo independiente la supervisión de las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de buen gobierno, conflictos de intereses y régimen de  incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, así como de cualesquiera otras competencias en relación con el procedimiento de nombramiento de altos cargos. Dicho organismo independiente emitirá un informe de idoneidad de aquellos candidatos que deban comparecer en el Parlamento con carácter previo a su nombramiento.

109. Impulsar, de forma inmediata, una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que incorpore las Directivas UE 2014/23, 2014/24 y 2014/25, con el objetivo de incrementar los controles y cerrar cualquier espacio a irregularidades en las fases de preparación, adjudicación y ejecución. En especial, se limitarán los supuestos de modificación y fraccionamiento de los contratos, sin perjuicio del
establecimiento de lotes para favorecer el acceso de las PYMES a la contratación pública, de acuerdo con las mencionadas directivas; así como los del procedimiento negociado sin publicidad. Se reforzará la independencia de los órganos técnicos y profesionales que intervienen en el procedimiento.
Del mismo modo, se fomentará la formación de los empleados públicos que participan en procesos de licitación pública en materia de transparencia pública y prevención de la corrupción.

110. Reforzar el control de las subvenciones públicas para garantizar la eficiencia en el gasto de los recursos públicos y evitar cualquier posibilidad de fraude.

111. Asumir el objetivo de situar a España a la vanguardia de las políticas y de las exigencias de un Gobierno Abierto, más transparente en su gestión, más accesible en la respuesta a las demandas de los ciudadanos y más sensible con sus necesidades.

112. Mejorar el Portal de Transparencia para:

– Incorporar posibilidades de acceso y nuevos canales de participación.

– Ampliar los registros de publicidad activa, en especial la relación de puestos de trabajo del personal de confianza o asesoramiento especial, las campañas de publicidad institucional que se promuevan y contraten.

– Avanzar en la accesibilidad de la información de la ejecución presupuestaria con un mayor grado de detalle y en un formato reutilizable, para garantizar el conocimiento del destino de cada euro gastado.

– Impulsar la consulta pública electrónica de los anteproyectos de ley para facilitar la participación de los ciudadanos.

113. Reformar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para proceder a la elección del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados entre profesionales de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia.

114. Aprobar un proyecto de Ley sobre la actuación de los grupos de interés en la Administración española que, entre otros aspectos, incluya la creación de un registro público de lobbies en el que  tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir sobre cargos o representantes públicos respecto de la elaboración y aplicación de las políticas públicas.
Impulsar la reforma de los Reglamentos del Congreso y del Senado para regular la relación de los grupos de interés con el Parlamento.

E. Más contundencia frente a la corrupción.

115. Mejorar la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos, los delitos de corrupción y los delitos informáticos.

116. Mejorar la dotación de medios dedicados a la lucha contra la delincuencia organizada y, de manera especial, seguir fomentando la investigación de los delitos de corrupción para erradicar esta práctica.

117. Potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción, dedicando los recursos económicos obtenidos a la lucha contra el fraude. Garantizar una rendición periódica de cuentas por parte del responsable de la Oficina ante el Congreso.

118. Ampliar el decomiso en los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado.

119. Aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción, con el fin de reconocer y proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general.

BLOQUE IV. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y MODELO TERRITORIAL.

A. Defensa de la Unidad de España y de la Soberanía Nacional

120. Defender la unidad de España como Nación de ciudadanos libres e iguales.

121. Impulsar un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las fuerzas constitucionalistas. Los firmantes mantendrán un compromiso firme en defensa de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar un referéndum de secesión de cualquier parte del territorio nacional.

122. El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia. A tal fin, se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006.

B. Reforma de las Administraciones Públicas para garantizar la calidad y la igualdad de los servicios.

123. Reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para corregir las insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional. El nuevo sistema de financiación autonómica establecerá una cartera de servicios comunes para todos los españoles
garantizados por el Estado, que podrán ser ampliados por las Comunidades Autónomas siguiendo el principio de corresponsabilidad fiscal. Se defenderá y potenciará el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), derecho ya reconocido por la Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se igualen las condiciones de partida con las del resto de ciudadanos del territorio nacional. Se constituirá durante el primer mes de Gobierno un grupo de trabajo que actuará de forma paralela y coordinada con el existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer propuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial.

124. Abordar una nueva financiación local, de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, avanzando en la delimitación de las competencias que deben corresponder a las Corporaciones Locales y la garantía de una financiación suficiente y estable para dar los servicios que los ciudadanos demandan. Para ello, se fomentará, además, la agrupación voluntaria de servicios prestados por diferentes municipios.

125. La reforma de las Administraciones públicas, en particular, de las locales, para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio al interés general que garantice la igualdad básica de su disfrute por todos los españoles. Eliminar las duplicidades administrativas y los organismos innecesarios. En particular, promoveremos las reformas que garanticen una prestación eficiente y racional de las competencias y servicios prestados por todos los niveles administrativos (Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y los entes locales, incluidas las Diputaciones). El objetivo es generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad*.
En todo caso, ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan estas administraciones a los ciudadanos y especialmente los que benefician a los 15.000.000 de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes.

126. Establecer el concurso como norma general para el nombramiento de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local con el objetivo de reforzar la objetividad, independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones de control. Y tan solo con carácter excepcional, el de la libre designación, previa fijación de requisitos estrictos entre los que contara la imposibilidad de cubrir la vacante. Asimismo, para aplicar la excepción, será precisa, en todo caso, la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. En todo caso, sólo se podrá proceder a la separación de dichos funcionarios por motivos tasados en la Ley. Asimismo, se valorará el incremento de la competencia sancionadora del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre estos funcionarios, así como la homologación de sus condiciones retributivas, con la posibilidad de establecer una tabla salarial común en todo el territorio nacional.

127. Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el objetivo, entre otros, de garantizar los principios de mérito y capacidad.

128. Reforzar la política de reducción de cargas administrativas, la simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración Electrónica.

129. Convertir en ciudades inteligentes a todas las localidades de más de 50.000 habitantes, para facilitar la movilidad urbana y la sostenibilidad.

130. Garantizar un modelo de servicio público para RTVE basado en su independencia, calidad y neutralidad política, asegurando que la selección de sus directivos se realice a partir de criterios de profesionalidad y excelencia y que refuerce su función de vertebración social y de ventana al mundo de la cultura y la sociedad española.

C. Modernización y eficacia de la Justicia.

131. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos, para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como
servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y la calidad de la Administración de Justicia.

132. Incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia. Favorecer una distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales donde sea necesario*.

133. Agilizar la implantación de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos de los juzgados.

134. Impulsar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, su modernización, promoviendo la implantación y formación en herramientas digitales, un sistema de gestión procesal común, un punto general de acceso para el ciudadano y el desarrollo pleno de avances tecnológicos como los archivos judiciales electrónicos o la firma electrónica*.

– Aprovechar las nuevas tecnologías para aproximar la justicia al ciudadano, potenciando iniciativas como la de “Justicia 24horas” o la Sede Judicial Electrónica. Fomentar la cita previa y la tramitación electrónica, la simplificación de trámites y la reducción de la documentación requerida al ciudadano cuando obre en poder de la Administración.

135. Modernizar nuestras leyes procesales, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos, para potenciar, sin menoscabo de las garantías, la agilidad y eficacia en los procedimientos.

136. Realizar un seguimiento de los efectos de la limitación de plazos de instrucción introducidos por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de tener una visión objetiva de la eficacia de la norma con carácter previo a cualquier decisión sobre su modificación para, entre otras cuestiones, asegurar que ninguna causa quedará sin ser juzgada por la limitación de dichos plazos.

137. Potenciar el arbitraje y la mediación, otorgando un papel protagonista a los ciudadanos y asegurando las correspondientes garantías de libertad y seguridad.

138. Reformar la Ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, sin que en ningún caso suponga un incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo de lucro.

139. Priorizar la atención a las víctimas, con especial atención a las personas más vulnerables, mediante el pleno desarrollo del Estatuto de la Víctima y la implantación de Oficinas de atención a las víctimas.

140. Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades, en ámbitos como las medidas de reparación o la recogida de testimonios.

141. Fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando el sistema de acceso mediante oposición. Todas las plazas de promoción interna se cubrirán mediante concurso con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad. Asimismo, valorar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las “puertas giratorias” entre la política y la carrera judicial, con
plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial.

142. Eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.

143. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. En particular, se modificarán:

– Los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese.

– Los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los principios de mérito y capacidad.

BLOQUE V. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO.

144. Apostar de manera decidida por una mayor profundización en el proceso de integración de la Unión Europea en todos los ámbitos: económico y monetario, fiscal y bancario, comercial, político, social, y de seguridad y defensa.

145. Defender en el ámbito de la Unión Europea una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los refugiados, conforme a los compromisos adquiridos en la Unión Europea. Seguir impulsando una política común de migración y asilo que responda a este reto, con un enfoque global y equilibrado que aborde todas las vertientes, con medios financieros y humanos suficientes, coherente políticamente, visible para los ciudadanos y apoyada por la solidaridad y responsabilidad compartidas.

146. Continuar impulsando la política común de gestión de fronteras que combine la máxima seguridad con la mayor agilidad y facilitación del movimiento fronterizo.

147. Contribuir activamente al proceso abierto por la nueva Estrategia global de la UE en materia exterior y de seguridad.

148. Mantener un papel activo de España en la OTAN y comprometidos con la Política Común de Seguridad y Defensa asumiendo las responsabilidades internacionales acordadas con nuestros socios y aliados para garantizar la seguridad y promover la paz y la estabilidad.

149. Asegurar el compromiso firme y la unión de los demócratas en la defensa de nuestras libertades y contra el terrorismo, sobre la base de los pactos políticos ya alcanzados, la cooperación internacional en este ámbito, la eficacia del Estado de Derecho y la memoria de las víctimas del terrorismo.

– Mantener una estrategia integral contra el terrorismo persiguiendo a los terroristas y colaboradores donde se encuentren, denunciando y persiguiendo cualquier acto de enaltecimiento u homenaje a los terroristas, e impidiendo con todos los medios posibles la propagación y difusión de su ideario, con un permanente reconocimiento a la memoria de todas las víctimas del terrorismo, como ejemplo de la defensa de la libertad y la democracia.

– Impulsar el pleno desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la radicalización violenta, con el objetivo de actuar con determinación contra el yihadismo, reforzando la cooperación policial y judicial.

150. Con el fin de conseguir la mejora del marco normativo dedicado a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y a garantizar la seguridad de los ciudadanos, se promoverá una revisión de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana para mejorar diferentes aspectos de su regulación, intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas más graves.

ANEXO. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Las dotaciones presupuestarios anteriores se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España. Además, puesto que en esta legislatura es necesario abordar la revisión del sistema de financiación autonómica, las partidas que correspondan a competencias de las CC.AA. serán integradas en el nuevo modelo de financiación.

INGRESOS 2017 2018 2019 2020
II Reforma Impuesto de Sociedades (eliminar deducciones grandes empresas) 3.000 4.000 4.000 4.000
III Recuperación amnistía fiscal y mejora de lucha contra el fraude 1.000 2.000 2.000 2.000
IV Eliminación de duplicidades administrativas 1.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL 5.000 8.000 8.000 8.000
GASTOS 2017 2018 2019 2020

A Complemento Salarial Garantizado (CSG) 1.300 2.100 2.100 2.100
B Programa de Activación para el Empleo (PAE PLUS) 500 500 500 500
C Plan de Refuerzo Educativo (Plan PREFE) 60 500 500 500
D Plan de Educación Infantil 0 a 3 años (Plan CONCILIA3) 300 150 150 150
E Plan de Gratuidad de los Libros de Texto 350 350 350 350
F Ampliación y equiparación permisos de maternidad y paternidad. 400 800 800 800
G Financiación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) 440 440 440 440
H Creación del nuevo fondo sanitario 100 100 100 100
I Plan contra la Pobreza Infantil (Plan INFANCIA) 1.000 1.560 1.560 1.560
J Plan de Modernización de la Justicia 250 250 0 0
K Plan de Choque en la Administración de Justicia 100 200 200 200
L Red Cervera de Transferencia Tecnológica 100 650 650 650
N Plan de Lucha contra el Fraude en la AEAT 100 350 400 450
TOTAL 5.000 7.950 7.750 7.800

A

Complemento Salarial Garantizado (CSG). Impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta y sus condiciones y patrimonio familiar. (Bloque II – Sección 5 “Atención a los ciudadanos de mayor vulnerabilidad”)

B

Ampliación del Programa de Activación para el Empleo (PAE PLUS). Aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. (Bloque I – Sección 4 “Empleo de calidad”)

C

Plan de Refuerzo Educativo (Plan PREFE) para luchar contra el fracaso y el abandono escolar, dirigido a los centros educativos con alumnos en entornos desfavorecidos. Estos centros podrán acceder a una financiación adicional para mejorar sus programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales. La financiación se mantendrá si el centro muestra mejoras en su rendimiento educativo y si el centro reduce sus tasas de repetición y abandono escolar. (Bloque II – Sección 10 “Educación”)

D

Plan de Educación Infantil 0 a 3 años (Plan CONCILIA3). Aumento número de plazas de educación infantil 0 a 3 años y ayudas para facilitar el acceso a las familias con menos recursos, en colaboración y cofinanciado con las CCAA. (Bloque II – Sección 10 “Educación”)

E

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto. Establecer un programa de gratuidad de libros de texto para las familias a través de un sistema público de libros compartidos, en colaboración con las CCAA. (Bloque II – Sección 10 “Educación”)

F

Ampliación y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Ampliación progresiva de la duración del permiso de paternidad, 4 semanas el primer año y 4 semanas el segundo año, con el objetivo de su igualación. (Bloque II – Sección 6 “Apoyo a las familias”)

G

Financiación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Recuperar la financiación anterior a 2012 para los servicios de Dependencia. (Bloque II -Sección 4 “Fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia”)

H

Creación de un nuevo fondo sanitario, para asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del territorio nacional y para financiar directamente los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos, de modo que se eviten las inequidades de acceso al tratamiento. (Bloque II -Sección 2 “Sistema Nacional de Salud”)

I

Plan contra la Pobreza Infantil (PLAN INFANCIA), que refuerce los Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación. (Bloque II – Sección 5 “Atención a los ciudadanos de mayor vulnerabilidad”)

J

Plan de Modernización de la Justicia. Promoviendo la implantación y formación en herramientas digitales, un sistema de gestión procesal común, un punto general de acceso para el ciudadano y el desarrollo pleno de avances tecnológicos como los archivos judiciales electrónicos o la firma electrónica.

K

Plan de Choque de la Administración de Justicia. Incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia.

L

Red Cervera de Transferencia Tecnológica. Esta red estará formada por institutos tecnológicos para investigación aplicada, con financiación mixta público-privada. Cada instituto estará ligado a una universidad u otros centros de investigación. El director del instituto será una figura investigadora destacada en el área. Se financiará en un 60% con fondos públicos, un 30% con fondos privados y un 5%
con becas internacionales. Los fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de contratos de investigación con empresas. Se aplicarán criterios de evaluación de resultados y la retribución se ligará a la efectividad de las investigaciones y proyectos acometidos.
(Bloque I – Sección 2.c “Impulso a la I+D+i y a la Economía Digital”)

M

Plan de Lucha contra el Fraude. Incrementar los recursos de la AEAT hasta equipararlos a los países de nuestro entorno. Se creará una Oficina de Control de Grandes Fortunas en la AEAT para reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal. (Bloque I – Sección 2.b “Lucha contra el fraude”) El presente acuerdo alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos implica el voto favorable de los 32 diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno,
Don Mariano Rajoy Brey. El presente acuerdo compromete a las formaciones firmantes una vez que
el Congreso de los Diputados otorgue su confianza al candidato en la próxima sesión de investidura.