Hoy, en el Pleno del Congreso

Teresa Angulo acusa al Gobierno de “querer desmontar nuestro edificio constitucional y construir un nuevo ordenamiento jurídico al servicio de su ideología e interés partidista”

La diputada del GPP defiende una enmienda de totalidad a la Proposición de Ley del PSOE que quiere considerar en sí mismo, y sin carga de prueba, delito de coacción participar o facilitar concentraciones pacíficas en lugares públicos u ofrecer información a mujeres que acuden a abortar a determinados centros privados. “La enmienda del GPP es una defensa de los derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución: el de la libertad de expresión y de reunión”, explica

 

  • Denuncia que el PSOE añade al Código Penal un nuevo delito específico de coacciones para considerar como tal participar o simplemente favorecer concentraciones u ofrecer información en los alrededores de dichos centros, de los que los socialistas se erigen hoy en sus representantes

 

  • Señala que lo que quiere el PSOE es “castigar con la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico, la privación de libertad, el hecho de reunirse en un lugar público para ofrecer información

 

  • Destaca que los socialistas no han dado ni una sola cifra sobre los presuntos actos de acoso en la puerta de estos centros y señala que la regulación actual ya contempla el delito de coacciones, que penaliza la conducta de quien impide a otro con violencia hacer lo que la ley no le prohíbe hacer; “pero para el PSOE no es suficiente porque pretende un tipo penal que no necesite siquiera prueba de cargo”

 

  • Acusa a los socialistas de “utilizar de manera sectaria las instituciones y el ordenamiento jurídico para ponerlos al servicio de sus intereses políticos, aunque con ello restrinjan derechos amparados en nuestra Constitución”. “El PSOE está entregado a la radicalidad de sus socios de extrema izquierda”, asegura

 

  • Subraya que el PSOE, en vez de modificar el código penal mediante proyecto de ley lo hace mediante una proposición de ley para así evitar evacuar los preceptivos informes de órganos como el Consejo de Estado. “¿Qué temen, que dichos órganos concluyan la improcedencia de esta reforma o incluso su posible inconstitucionalidad?”, pregunta al Ejecutivo

 

  • Remarca la incoherencia del Gobierno por querer castigar a estas personas con cárcel cuando despenalizan o conceden impunidad a quienes, incluso de manera violenta, atacan nuestras instituciones democráticas, símbolos constitucionales, sentimientos religiosos o realizan actos de enaltecimiento del terrorismo
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