Hoy, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

El GPP tumba los nuevos impuestos incluidos por el Gobierno en la ley de residuos

El Partido Popular consigue que el Congreso aplace el gravamen sobre el plástico como mínimo hasta enero de 2023 porque considera que la situación social y económica de España no admite más cargas impositivas a empresas, autónomos y consumidores

El Grupo Parlamentario Popular ha logrado hoy, en la Comisión de Transición Ecológica, tumbar los nuevos impuestos incluidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El Partido Popular ha logrado que el Congreso aplace el gravamen a los envases de plástico no reutilizable como mínimo hasta enero de 2023, tal y como venía solicitando el Grupo Parlamentario Popular y la industria. El GPP considera que la situación social y económica de España no admite más cargas impositivas a empresas, autónomos y consumidores.

La Comisión para la Transición Ecológica ha votado a favor de una transaccional, inspirada en una enmienda del GPP, para establecer una moratoria al impuesto sobre los envases de plásticos no reutilizables que afectaría a más de un millón de empresas en nuestro país que actualmente no están pasando por un buen momento económico.

En este sentido, el portavoz de Desarrollo Sostenible del GPP, José Ángel Alonso, ha denunciado que las pymes de nuestro país tienen bastante con hacer frente a la subida masiva de impuestos por parte del Gobierno y con poder pagar una desorbitada factura de la luz que hoy, jueves 16, alcanzó un nuevo máximo histórico con un precio medio superior a 302 euros el MWh.

Del mismo modo, el portavoz de Medio Ambiente del GPP, César Sánchez, ha señalado que los impuestos incluidos en dicha ley, como el del plástico, repercutirían directamente en los ciudadanos a través del incremento del precio de la cesta de la compra, la más cara por el IPC en las últimas tres décadas.

El diputado del GPP ha manifestado la necesidad de llegar a acuerdos en materia fiscal para rebajar la presión sobre familias y empresas, frente a las políticas llevadas a cabo por Pedro Sánchez, caracterizadas por las subidas masivas de impuestos en estos tres años.

Por su parte, José Ángel Alonso ha denunciado que el veto inicial a las enmiendas económicas del GPP dirigidas a la bonificación, exención o moratoria de impuestos por parte del Gobierno, impidiendo que estas se pudiesen debatir en la Ponencia de dicha ley, son una muestra más del comportamiento autoritario e incluso antidemocrático del Ejecutivo, que pretendía excluir del debate parlamentario la creación de un nuevo impuesto.

“Primero imposibilitaron al legislativo debatir sobre los impuestos en la Ponencia para, a continuación, retirar el veto porque les convenía evitar que el Congreso tumbase la ley”, ha añadido.

Además, ha recordado que el GPP ha presentado más de 200 enmiendas parciales a dicha ley: “somos el grupo que más enmiendas ha presentado porque queremos avanzar de verdad hacia una economía circular con el objetivo de corregir los principales aspectos negativos de la ley, porque para nosotros es prioritario hacer una transición justa y atender las demandas de la sociedad civil y las del más del millón de empresas afectadas por esta norma, que no han sido escuchadas por la vicepresidenta Ribera”.

“Las empresas deben jugar un papel esencial como agentes del cambio y para ello debemos facilitarles mecanismos que permitan acelerar esta transformación”, ha añadido, como alargar la vida útil de los alimentos impidiendo que acaben en el vertedero facilitando, para ello, su donación a organizaciones sociales y eliminando el IVA en estos casos.

A este respecto, César Sánchez ha asegurado que “es necesario acabar con una economía lineal, e incorporar la circularidad de manera transversal a toda la economía, limitando el uso de combustibles fósiles y permitiendo que las materias primas y los productos tengan una mayor vida útil en la sociedad”.

El GPP considera indispensable, para alcanzar los objetivos que nos marcan las dos directivas que se transponen con esta ley, la colaboración público-privada, la confianza en nuestra industria y sus trabajadores, no permitir la quiebra de la capacidad de negociación de los convenios y dar seguridad jurídica y certidumbre, “porque siempre son la mejor fórmula para que toda salga bien”.

Por último, en cuanto a los plazos, el PP quiere acompañar las medidas con el resto de Europa, facilitando el tiempo suficiente para que la tecnología y el esfuerzo de la industria española permitan afrontar los nuevos compromisos con las debidas garantías de poderse llevar a cabo sin que cueste el empleo a miles de personas en nuestro país.

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