Hoy, en el Congreso de los Diputados

Titulares de Carmen Riolobos y Ana Zurita durante el debate del informe de la Ponencia del proyecto de ley de protección de los consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad

Carmen Riolobos reclama a Sánchez la supresión del Ministerio de Consumo por “desamparar a los consumidores y dedicarse a campañas frívolas que pagamos todos los españoles”

 

  • La portavoz de Consumo del GPP señala que la fracasada campaña para una huelga simbólica de juguetes, emprendida por el ministro Garzón y con un coste de más de 100.000 euros, se produce en un momento muy duro para los consumidores españoles por la altísima inflación

 

  • Advierte de que este proyecto de ley se aprueba sin medidas concretas, escasa efectividad y con un año de retraso, lo que indica el poco interés del ministro de Consumo por proteger a los que más lo necesitan

 

  • Destaca que el bono social eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2016, con el voto en contra del ministro Garzón, ha beneficiado a 1.200.000 de españoles

 

  • Exige al Ejecutivo que presente en seis meses una reforma en profundidad de la Ley de Defensa de los Consumidores que incluya la nueva Agenda del Consumidor Europea; fortalezca la atención, información y formación a los consumidores y potencie el Consejo de Consumidores y Usuarios

 

 

Ana Zurita: Este proyecto de ley permite la expropiación del uso temporal de una vivienda y permite la legalización de la ocupación

 

  • La portavoz de Vivienda del GPP denuncia que esta iniciativa legislativa permite la expropiación ante un procedimiento de impago sin compensación

 

  • “Este proyecto de ley no solo legaliza la okupación, sino que blinda al okupa que comete un delito y restringe la posibilidad de desalojarle”, señala Zurita, quien lamenta que el gobierno ampare al okupa que comete delito de usurpación, legitimándolo y permitiendo la okupación. “Solo se paraliza si ha habido violencia e intimidación hacia las personas”, subraya

 

  • “Garantizar el derecho a la vivienda es una obligación del Estado, no de los propietarios de viviendas, que es lo que el PSOE y Unidas Podemos pretenden aprobar”, asevera

 

  • Reprocha al Gobierno que en este proyecto de ley haya introducido enmiendas que reforma las condiciones de la estiba. “Unas modificaciones que se han hecho por la puerta de atrás, sin consenso y sin hablarlo con el principal grupo de la oposición cuando es un tema que pone en juego la competitividad de nuestras infraestructuras portuarias”, remarca
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