Hoy, en la Comisión Constitucional

El GPP denuncia el voto en contra del PSOE a su iniciativa de defensa de la propiedad privada

La diputada del GPP Carmen Navarro acusa al PSOE de rechazar con sus votos la Proposición no de Ley del Grupo Popular que exige al Ejecutivo respetar y garantizar el derecho fundamental a la propiedad privada de todos los españoles, consagrado en el artículo 33 de nuestra Constitución

La iniciativa instaba al Gobierno a remover, “mediante los instrumentos legales necesarios, los obstáculos, ocupaciones ilegales y demás formas de perturbación en el uso e intromisión ilegítima que puedan impedir su ejercicio pleno por el legítimo propietario, así como a abstenerse de dictar Reales Decretos-leyes y otras normas, con la excusa del estado de alarma, que atacan frontalmente el derecho de propiedad”

“Su camino es dinamitar el Estado de derecho, haciendo lícito el ilícito, y lo han demostrado con el Real Decreto Ley1/2021”, denuncia Navarro, a la vez que exige al Gobierno que no intervenga el mercado inmobiliario

Acusa al Ejecutivo de utilizar como laboratorio de sus experimentos sobre vivienda las leyes de Cataluña y también a la comunidad de Baleares, “con la expropiación forzosa de vivienda amparándose en una dudosa legislación cuya aplicación va a acabar en los tribunales”

“Generan inseguridad jurídica”, les recrimina, “que no soluciona el problema de la política de vivienda pero sí dinamita la confianza de los particulares que están preocupados y aterrorizados”

Advierte de que el objetivo del Gobierno es “dinamitar” la libertad de empresa, el libre mercado y la propiedad privada, que son tres pilares que garantizan el progreso económico de España

Rechaza que el Ejecutivo se ampare en el estado de alarma para utilizarlo “como coladero de su ideología de izquierdas”. “Lo hemos visto”, explica, “con el ataque a la Corona, a la división de poderes, a la libertad de educación y a la propiedad privada”

Añade que “desde la llegada del Gobierno social-comunista no hemos dejado de ver ataques continuos a la Constitución Española, a las instituciones y a los derechos y libertades de los españoles”

Advierte de que si queremos salir de la crisis económica no se puede “demonizar” al sector de la construcción como hace el Ejecutivo, puesto que es básico en una política social de vivienda sobre la base de la colaboración público-privada y además emplea a 1,5 millones de trabajadores

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