Ante el Pleno del Congreso

El PP avala la urgencia de las medidas que fortalecen la estabilidad del sector bancario protegiendo al consumidor

Miguel Ángel Paniagua defiende la convalidación del Real Decreto-Ley que dota a las cooperativas de crédito de nuevos instrumentos que faciliten su resolución o liquidación sin la intervención de los poderes públicos

  • Hace hincapié en la importancia de culminar “una arquitectura” que tiene como pilares a las entidades financieras, que son “un sector básico de la economía”, y a los consumidores, que “propician el desarrollo económico”

El portavoz adjunto de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Paniagua, ha avalado este martes en el Pleno del Congreso “la extraordinaria y urgente necesidad” de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley en materia financiera, que vienen a redundar en el fortalecimiento de las entidades financieras y en una mayor protección a los consumidores del sector, porque “cuanto antes sean aprobadas antes estarán disponibles para el conjunto del sector”.

En su intervención en el Pleno del Congreso con motivo del debate de convalidación del Real Decreto-Ley de medida urgentes en materia financiera, el diputado popular ha destacado “la necesidad de potenciar instrumentos que permitan la adopción de soluciones que no exijan la intervención de los poderes públicos, y que eviten que las entidades (cooperativas de crédito) lleguen a una situación irreversible que obligue a su resolución o liquidación concursal”, tal y como recoge dicho Real Decreto-Ley.

Ante “los riesgos que afronta el sistema financiero y su impacto en experiencias recientes”, Paniagua ha incidido en la urgencia y la necesidad de dotar a las cooperativas de crédito de esta serie de nuevos instrumentos “por las consecuencias que podría tener sobre la competencia, la inclusión financiera y la actividad económica local”.

“El Banco de España en su reciente informe de estabilidad financiera nos informa que persisten riesgos que afectan al sector, derivados del entorno de bajos tipos de interés, del decreciente, pero aún elevado número de activos improductivos (dudosos y adjudicados), y del incremento de los costes legales”, ha explicado, destacando que precisamente las cooperativas de crédito “tienen mayores dificultades a la hora de enfrentarse a estos retos mediante la captación de recursos en el mercado, dado su pequeño tamaño y las características del modelo que introduce restricciones a determinadas operaciones”.

“Y todo esto, por la importancia que las cooperativas tienen en entornos rurales, sus destacadas cuotas de mercado a nivel provincial y su marcado arraigo local, que determinan su relevancia para la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como PYMES, autónomos o emprendedores, que, en ocasiones, presentan además mayores dificultades a la hora de captar financiación, y más en estos momentos con la nueva regulación financiera”, ha añadido.

Paniagua, que ha declarado no entender la negativa de Podemos a esta nueva normativa, ha abundado en la futura Ley para reformar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito anunciada por el ministro y que, según ha recalcado, “va a tener como objetivo reforzar la solvencia y la transparencia de estas entidades con cambios en las aportaciones sociales, y en garantizar que la comercialización de estas a clientes minoristas cumple con los requisitos necesarios de protección al inversor”.

También habrá modificaciones en la gobernanza, ha señalado Paniagua, “flexibilizando y adaptando algunos principios tradicionales del cooperativismo para facilitar el cumplimiento de los requisitos de gobierno corporativo y reforzando la transparencia de estas entidades”.

Paniagua también ha manifestado que, “a la mayor brevedad”, debe igualmente dotarse a las entidades de crédito y a las empresas de servicios de inversión del marco jurídico necesario para su desarrollo en lo relacionado con la emisión de pasivos a la que están obligadas por la normativa europea y nacional, “ya que nuestras entidades se encuentran en desventaja”.

Con la adopción de todas estas medidas y las anunciadas para acometerse en un futuro inminente, el Gobierno “continúa en la senda” de fortalecer a las entidades financieras y proteger, a su vez, a los consumidores del sector, como los dos pilares sobre los que se asienta “una arquitectura” que debe “culminarse” en aras de una mayor estabilidad del sector y de una mayor capacidad de recoger los ahorros de los españoles y financiar la actividad económica desde “la transparencia y la buena gestión”.

“Las entidades financieras son un sector básico de la economía nacional, y deben protegerse, entre otras cuestiones, porque recogen el ahorro de las familias y empresas y lo redirigen hacia la inversión productiva mediante la financiación bancaria”, como debe protegerse igualmente a los consumidores del sector, porque “ellos son nuestros ahorradores, nuestros consumidores, nuestros emprendedores, nuestros autónomos, nuestras empresas y nuestros inversores, que ayudan y permiten desarrollar nuestra economía, que se cree empleo y que, al final, aportan directa e indirectamente los recursos necesarios para mantener la infraestructura de nuestro estado y nuestro sistema de bienestar social”.

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