En el Pleno del Congreso

El PP insta a respetar los márgenes constitucionales a la hora de garantizar el derecho a la vivienda

Ana Zurita avala las medidas del Gobierno para proteger a los más vulnerables, y recuerda que “la solución a no tener una vivienda no está en ocupar la de otro”

  • Lamenta que “Ayuntamientos del cambio” amparen la privación del derecho de propiedad: “Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y una víctima a la que se despoja de su derecho a la propiedad”

  • Aboga por una política efectiva e integral de vivienda, como las reformas puestas en marcha por el Ejecutivo con hasta 45.000 familias beneficiarias

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Ana Zurita, ha instado este martes en el Pleno a garantizar el derecho constitucional a la vivienda siempre dentro del marco de la Constitución, y con especial hincapié en los sectores más vulnerables de la población, porque “la solución a no tener una vivienda no es ocupar la de otro”.

En su intervención en el Pleno, con ocasión de la tramitación de una iniciativa del Grupo Mixto, la parlamentaria popular ha abordado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, que “se ha visto agravado por la crisis económica con datos absolutamente escalofriantes”, lamentando “el amparo” que han encontrado estas ilegalidades en “los Ayuntamientos del cambio”, que lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a “consentir” estas prácticas.

Zurita ha advertido de que “la usurpación de la propiedad no es justificable en ningún caso” pues, según ha explicado, se produce una colisión de dos derechos fundamentales: “El derecho a la vivienda, en primer lugar, y el derecho a la propiedad, en segundo lugar, y ambos tienen que cumplirse, coadyuvar, complementarse y convivir”.

“Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se despoja de un derecho también recogido en la Constitución”, ha recordado en alusión al derecho a la propiedad, subrayando que lo que supone “una solución para una minoría” representa, en cambio, “un gran problema para la mayoría”.

Ante este fenómeno, que en Barcelona ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos tiempos -concretamente más de un 60% en el último semestre de 2016-, y que en la capital ha rebasado la cifra de 1.400 viviendas okupadas, Zurita ha señalado que solo caben dos formas de actuar: “Dentro del marco constitucional, como debe ser, que es la vía en la que el Gobierno y el PP han trabajado desde el inicio de la pasada legislatura para garantizar a los más vulnerables el derecho a la vivienda, atacando el problema desde la base para que todos tengan una vivienda y nadie la pierda por circunstancias sobrevenidas; y la vía de quienes amparan estas prácticas ilegales”.

A lo largo de su intervención, la parlamentaria popular ha repasado las medidas puestas en marcha por el Gobierno del PP hasta el momento presente, con el foco puesto en “la dramática realidad” de los desahucios, derivados de los estragos de la crisis, y con más de 45.000 familias beneficiarias.

Zurita ha enumerado así el decreto aprobado en su día por el Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos, con el voto en contra del PSOE, por el que se facilitaba la reestructuración de la deuda hipotecaria, “y cuyo efecto principal fue la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de familias en riesgo de exclusión”.

Más tarde, ha recordado, “se aprobó el decreto de medidas para reforzar la protección de estos deudores hipotecarios, además de suspender los lanzamientos para un colectivo más amplio” -nuevamente con el voto contrario de los socialistas-, una norma que acabó desembocando en la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios sin el beneplácito, una vez más, del PSOE.

Ya en 2013 se firmaría, ha rememorado Zurita, el Convenio para la Constitución del Fondo Social de Viviendas en Alquiler, con la participación de tres Ministerios y diferentes entidades, y los datos han evidenciado la utilidad de este Convenio: “En la actualidad más de 4.000 familias se han acogido a un alquiler social”.

Todas las políticas anteriormente enumeradas para garantizar el derecho de las personas a la vivienda han beneficiado, según ha cifrado, a más de 45.000 familias, y la radiografía posterior de estas reformas dejan un panorama radicalmente distinto del inicial: “Las ejecuciones hipotecarias en 2016 han descendido un 29% respecto a 2015, la cifra más baja desde 2008, siendo conscientes de que hay que eliminarlas completamente; se han llevado a cabo 16.300 reestructuraciones de deuda; y se han suspendido más de 18.000 desahucios en aplicación de las normas que hemos aprobado”.

Zurita ha puesto también la mirada en el futuro, y en el ambicioso Plan de Vivienda 2018-2021, entre cuyos objetivos, arropados por el consenso alumbrado recientemente en la Comisión de Vivienda, destaca fundamentalmente uno: “Potenciar mecanismos de conciliación de forma que las viviendas vacías no ocupadas disponibles, corresponda su titularidad a Administraciones públicas, empresas públicas, entidades financieras u otros tenedores de vivienda, puedan ser ocupadas por sectores de población más vulnerables”.

Finalmente, la diputada popular ha destacado “el trabajo siempre en positivo del Gobierno y del PP” en materia de vivienda, y lo ha contrapuesto a las actuaciones de “los mal llamados partidos del cambio”, que con sus decisiones y su conducta han alentado la privación del derecho de propiedad, confrontando igualmente las reformas acometidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la falta de soluciones del PSOE, “en cuya legislatura se dispararon los desahucios, fomentándose el desahucio exprés”.

Zurita ha anunciado el apoyo del PP a la toma en consideración de esta Proposición de Ley, si bien ha remarcado que su formación “quiere ir mucho más allá”, trabajando de manera integral y no a golpe de modificaciones puntuales, siempre con la vista puesta en tres puntos clave: “Protección del derecho a la vivienda de las familias vulnerables, ampliamente trabajada por el PP; acción policial contra las mafias organizadas del okupacionismo, puesta ya en marcha por las Delegaciones del Gobierno del Partido Popular; y protección del derecho a la propiedad”.

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