En el Pleno del Congreso

El PP señala que el ordenamiento laboral ya garantiza derechos en las subcontratas

Alfonso Candón dice que la regulación sobre subcontratas del PSOE olvida los mínimos establecidos por Ley y, de prosperar, paralizaría un modelo laboral ventajoso para todos

  • El diputado del GPP recuerda que el Plan de Lucha contra el fraude laboral ha hecho aflorar 403.000 empleos irregulares

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Alfonso Candón, ha replicado hoy al PSOE que en el ordenamiento laboral vigente “ya están establecidos unos mínimos de cumplimiento obligatorio, sean legales o convencionales, en relación con las subcontrataciones”, y a partir de los cuales “debe prevalecer el principio de libertad de empresa”.

En su intervención en el Pleno con motivo del debate de una iniciativa socialista en favor de la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, el dirigente popular ha señalado que dicha propuesta olvida precisamente esos mínimos establecidos por Ley y, en el caso de prosperar, procediendo a su regulación en esos mismos términos, “correríamos el riesgo de paralizar un modelo de relación laboral que genera ventajas para todos los actores sociales”.

A este respecto, Candón ha destacado las bondades de una reforma laboral que, según ha explicado, “ha evitado la pérdida de dos millones de puestos de trabajo desde 2012”, advirtiendo de que si se hubiera aplicado desde el año 2008, España nunca hubiera perdido los 3.500.000 de empleos que provocó la gestión socialista”, al tiempo que ha hecho hincapié en que dicha reforma no modificó el artículo 42 que ahora pretende reformular el PSOE con su iniciativa.

El parlamentario popular ha lamentado “las contradicciones” existentes en la iniciativa socialista, que por un lado pone en valor la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución, “como no puede ser de otra manera”, y por otro lado limita esa misma libertad de empresa con las modificaciones que pretenden realizar en el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, “anulando la capacidad de organización de las empresas que prestan servicios mediante contratos de externalización”.

El diputado del GPP ha censurado que el PSOE pretenda “hacernos creer” que la subcontratación es una fuente de problemas, cuando se trata de “un recurso habitual” para las empresas que permite, entre otras muchas cuestiones, mejorar la productividad o reducir los costes de fabricación.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el legislador ha dotado al modelo laboral de “una serie de garantías en favor de los trabajadores implicados a fin de evitar que por esta vía puedan vulnerarse sus derechos”, Candón ha rechazado que “se criminalicen las subcontratas en términos generales, ya que bien entendidas aportan un valor real al mercado laboral y a la calidad de la producción que no hay que ignorar”.

El parlamentario popular ha apuntado que establecer legalmente la obligación, como propone el PSOE en su iniciativa, de reconocer a todos los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas las mismas condiciones laborales y de empleo que tendrían si todos fueran trabajadores contratados directamente por el empresario principal, “iría en buena medida en contra de la posibilidad de que en las empresas que habitualmente desarrollen su actividad como contratistas o subcontratistas de otras se negocien libremente convenios colectivos propios, a nivel de empresa, lo que sería contrario a uno de los objetivos de la reforma laboral de 2012, que es acercar la negociación colectiva a la empresa, de modo que el contenido del convenio pueda adaptarse a sus concretas circunstancias”.

Y todo ello, ha explicado, “porque tales empresas contratistas o subcontratistas deberían en todo caso aplicar los mínimos establecidos en los convenios colectivos de las empresas principales, lo que en la práctica haría inoperante su propio convenio”.

En último lugar, Candón ha destacado los resultados cosechados tras la puesta en marcha en 2012 del Plan de Lucha contra el fraude laboral, gracias al cual se han conseguido aflorar 403.000 empleos irregulares, y se han detectado 5.700 empresas ficticias creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. “Las actuaciones del Plan”, ha concluido, “han tenido un impacto económico de 17.189 millones”.

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