En el Pleno del Congreso

El PP insta al Gobierno a propiciar una auténtica cultura de ciberseguridad

Teodoro García reprocha al Ejecutivo el uso excesivo de los Reales Decretos para aprobar normas relevantes y con consenso, y le exige una política de Estado de seguridad nacional

  • Lamenta que los nacionalismos excluyentes y separatistas acaben menguando en los debates que abordan los retos de la globalización

  • Propone incluir en la nueva norma un estatuto de colaborador para que profesionales de reconocido prestigio aporten su talento en beneficio del país y en defensa de nuestras fronteras digitales

El diputado del GPP y secretario general del PP, Teodoro García, ha instado al Gobierno, este jueves en el Congreso, a propiciar “una auténtica cultura de ciberseguridad” y a promover una política de Estado de seguridad nacional.

En su intervención con motivo del debate de convalidación del Real Decreto–ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, por el que se transpone la Directiva Europea sobre ciberseguridad, el dirigente popular ha querido echar la vista al futuro: “En la biblioteca (del Congreso) podemos encontrar los discursos de Sagasta, de Castelar y de otros ilustres oradores y diputados, y dentro de unos años, cuando las futuras generaciones venga a consultar este debate, que es un debate que va a generar la piedra angular sobre la que se construirá la ciberseguridad del futuro, vendrán a consultar cómo los nacionalistas decían que la ciberseguridad era cosa de las comunidades autónomas, y verán cómo ha ido disminuido el nivel del debate político y el nivel de percepción que algunos tienen en materia de ciberseguridad”.

“El debate de hoy me ha evocado momentos pasados”, ha dicho García, “como cuando por ejemplo sufrimos el virus WannaCry, y me imagino a esos señores que han subido hoy a la tribuna pensando que este virus no les afectará porque no habla catalán y euskera”. “Con cuestiones excluyentes y de separar, cuando hablamos de una Directiva que pretende actuar en el mundo globalizado”, ha manifestado el diputado popular, “vemos cómo algunos andan empequeñecidos, no sabemos si porque pretenden recordar lo que ocurrió tal día como hoy de infausto recuerdo”.

El dirigente popular ha rechazado el uso de la vía del Real Decreto para aprobar esta normativa, pues se trata de “un error” por tres razones: “porque tenía consenso entre los grupos y se podría haber acordado su tramitación por urgencia en el plazo de un mes; porque es contraria a la creación de una política de Estado de seguridad nacional, y por eso pediremos que se tramite como Proyecto de Ley; y porque es una ocasión perdida para generar, mediante el debate público en el Congreso, una auténtica cultura de ciberseguridad en la sociedad española, que es un pilar esencial en la seguridad nacional”.

El dirigente popular ha traído al debate una frase de uno de los hackers más conocidos del mundo: “Decía que las organizaciones y los Gobiernos gastan millones de euros en dispositivos de seguridad y cortafuegos, pero eso es tirar el dinero si ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es la gente, las personas que usan y administran los sistemas”, de ahí que haya remarcado que “hoy es más necesario que nunca que esta ley reconozca estas cuestiones en materia de ciberseguridad”.

Además, ha recordado García, “este Real Decreto-Ley responde en su integridad al borrador del Anteproyecto elaborado por el anterior Gobierno, con lo que estamos de acuerdo en su contenido, pero aunque fuese por una vez podría haber citado al autor del texto que se presenta aquí”, se ha dirigido interpelando a la ministra.

“El Gobierno debe despejar las incógnitas que la norma no aclara, como por ejemplo en el sistema de acreditaciones y auditorías en materia de ciberseguridad, sobre la que la norma actual guardia silencio y sobre la que habrá que hablar en el futuro”, ha asegurado. De igual manera, “es imprescindible el desarrollo e implementación inmediata de plataforma unificada de notificación de incidentes para evitar que las empresas tengan que acudir a diversas ventanillas para cumplir con la normativa ya en vigor al respecto”, además de lamentar que “se haya perdido la ocasión perfecta para definir los perfiles concretos de la cooperación público-privada tan importante en esta materia, y quizá la forma de cooperación podía haber sido configurar en esta ley un estatuto de colaborador en materia ciberseguridad, que permita utilizar el talento que atesora el sector privado mediante la aportación voluntaria de conocimiento por parte de profesionales de reconocido prestigio”.

“Hay mucha gente en este país deseando colaborar con el Gobierno, colaborar con España, que son profesionales de reconocido prestigio, y necesitamos organizar y canalizar todo ese talento en favor de la defensa de nuestras fronteras digitales”, ha apostillado.

“La sociedad digital solo va a poder desarrollarse en su plenitud y ofrecer todo su potencial transformador si primero conseguimos organizar los aspectos no tan positivos de la disrupción digital, y por eso los Estados más avanzados están regulando todo lo relativo a la ciberseguridad”, ha puesto de manifiesto.

“No podemos quedarnos atrás en esta revolución, la economía digital es un hecho, España no está hoy entre los diez países más ciberseguros del mundo, y eso debe ser un objetivo”, ha recalcado, poniendo de manifiesto que “en 2017 registramos más de 120.000 incidentes en materia de ciberseguridad”.

“Si nos lanzamos al mar del cibersespacio”, ha dicho, “si las empresas están cada vez más conectadas, es necesario que nosotros, aunque la legislación siempre irá por detrás de lo que demanda la sociedad, pongamos los pilares para conseguir que esa travesía que van a emprender empresas y ciudadanos sea lo más segura posible”, ha destacado.

Entre los retos que quedan por delante en este ámbito, García ha situado “la figura del notificante, que no aparece suficientemente delimitada en el Real Decreto, y que habrá que hacer de manera que no se vuelva a esa metáfora orwelliana”.

“Hay un elemento intangible que se determina con la acción de los poderes públicos, que es la confianza de no ver la red convertida en un tiroteo de acusaciones y noticias falsas que tanto han beneficiado a algunos en un proceso reciente de insurrección conocido”, ha subrayado. “La confianza de saber que los derechos que nos asisten en la calle no quedan suspensos en la red, sino que son un reflejo de lo que ocurre en la calle, la confianza de saber que estamos protegidos sin saber que estamos siendo vigilados o monitorizados”, ha recalcado, para finalizar señalando que “el tiempo que nos toca vivir hace más actual que nunca aquella frase del pensador vienés que dice que tenemos que hacer planes para la libertad, y no solo para la seguridad, por la única razón de que solo la libertad puede hacer segura la seguridad”.

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