Ofensiva parlamentaria en el Congreso con dos Proposiciones no de Ley sobre la liquidación de las entregas a cuenta en 2022 y 2023

El Grupo Popular exige al Gobierno de Sánchez que acabe con el chantaje a las CC.AA. y Entes Locales y promueva un sistema financiero justo y suficiente

Afirma que el Gobierno ha provocado “de forma consciente”, por las falsas previsiones de ingresos tributarios, una deuda con las entregas a cuenta a la que no podrán hacer frente

El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso con dos Proposiciones no de Ley en las que exige al Gobierno de Sánchez que termine con el chantaje financiero a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales y promueva un sistema de financiación justo y suficiente.

El GPP denuncia que el Gobierno ha provocado “de forma consciente”, por sus falsas previsiones de ingresos tributarios, una deuda con las entregas a cuenta a dichas administraciones a la que no podrán hacer frente sin cambios que eviten el desajuste económico-financiero.

Ambas iniciativas, suscritas por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, junto al vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, el portavoz adjunto del Grupo Mario Garcés y la portavoz y el portavoz adjunto de Hacienda, Carolina España y Javier Bas, respectivamente, se centran en la liquidación de las CC.AA. y los Entes Locales en 2022 y 2023 respecto a las entregas a cuenta de 2020 y 2021.

En dichas iniciativas, el GPP resalta que las Autonomías tendrán que devolver a la Administración General del Estado más de 6.000 millones el año próximo, o que el Ejecutivo no ha destinado ni un euro a los Ayuntamientos para luchar contra el virus pero sí intentó apropiarse de sus remanentes de tesorería, aunque no lo consiguió porque la iniciativa fue tumbada “por la unión del municipalismo”.

En concreto, se insta al Gobierno a, por un lado, “aprobar los mecanismos que sean necesarios para impedir que se produzca el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se generará en 2022 y 2023, cuando se calcule la liquidación definitiva y se compare con las entregas a cuenta recibidas en 2020 y 2021”, en las CC.AA. y las Entidades Locales.

Por otro, se reclama al Ejecutivo que se den “los pasos necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica para garantizar una financiación justa, suficiente, equitativa y solidaria”, y “para reformar el sistema de financiación local para garantizar la suficiencia económica que el artículo 140 y siguientes de la Constitución Española reconocen a la Administración Local”.

 

CC.AA. Y ENTES LOCALES HAN INCREMENTADO GASTOS POR LA PANDEMIA

En la exposición de motivos de ambas iniciativas se indica que la excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica ha impactado de forma directa tanto en las CC.AA. como en los Entes Locales, que han visto reducidos sus ingresos al tiempo que han aumentado sus gastos para poder hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia.

En la PNL sobre la liquidación de las Comunidades Autónomas se añade que no hay que olvidar que, entre otras, tienen transferidas las competencias en sanidad, en educación y en la mayoría de los servicios sociales. Además, ha sido este nivel de la Administración Pública la que ha adoptado diferentes medidas (tanto fiscales como ayudas directas) para apoyar a autónomos y pymes e intentar mantener el empleo.

Se recuerda que cada año, y coincidiendo normalmente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo central hace una estimación de ingresos tributarios y transfiere a las CC.AA. unas entregas a cuenta de esos ingresos estimados. Dos años después, cuando se conoce la liquidación definitiva, se realiza una compensación a favor de las CC.AA. (si las entregas a cuenta que recibieron dos años antes fueron menores que los ingresos tributarios reales) o a favor de la Administración General del Estado (si las entregas a cuenta que recibieron dos años antes las CC.AA.
fueron mayores que los ingresos tributarios reales).

La solución adoptada por el Ejecutivo de Sánchez en 2020, “incrementando las entregas a cuenta un 1,6% a pesar de que se sabía que, como consecuencia de la pandemia, se produciría una fuerte caída de los ingresos tributarios, va a generar un problema en 2022 cuando deba realizarse la liquidación definitiva y las CC.AA. tengan que devolver a la Administración Central del Estado una cantidad que, como veremos, supera los 6.000 millones de euros”. “Y esto mismo se va a repetir en 2023, cuando se tenga que liquidar la recaudación definitiva de 2021, puesto que tampoco se van a cumplir las sesgadas estimaciones de ingresos que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado
del año en curso”, advierte el GPP.

Tras exponer las caídas en recaudación para señalar el alcance del “agujero” que se ha creado, el GPP destaca que, teniendo en cuenta que en 2022 aún no se habrán recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia y que el Gobierno ha incumplido su compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica, ninguna Comunidad Autónoma va a poder hacer frente a esta deuda que el Gobierno le ha generado de forma consciente, probablemente para poder chantajearlas en la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, tal y como hizo en 2019 con los 2.500 millones que les debía por la implantación del SII y que las CC.AA. han perdido de forma definitiva, por no acceder al chantaje de apoyar los PGE de ese año.

 

INCUMPLIMIENTO DE LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL

En cuanto a la PNL sobre Entes Locales, se subraya que la solución adoptada por el Ejecutivo central en 2020, “incrementando las entregas a cuenta un 1,6% a pesar de que se sabía que, como consecuencia de la pandemia, se produciría una fuerte caída de los ingresos tributarios (finalmente han caído un -8,8%), va a generar a las Entidades Locales un problema en 2022 y 2023 cuando deba realizarse la liquidación definitiva y tengan que devolver a la Administración Central del Estado el exceso recibido en 2020 y 2021”.

“Teniendo en cuenta que en 2022 aún no se habrán recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia y que el Gobierno ha incumplido su compromiso de reformar el sistema de financiación local, ninguna Entidad Local va a poder hacer frente a esta deuda que el Gobierno le ha generado de forma consciente, puesto que le hemos advertido de forma reiterada de esta circunstancia”, concluye que la iniciativa del GPP.

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