Se impugnan ante el Alto Tribunal 16 artículos y dos Disposiciones Adicionales de la Lomloe

El GPP recurre ante el Constitucional la Ley Celaá en defensa de la libertad de educación, el castellano, la concertada y la especial

El PP considera que la Ley trata al castellano como “una lengua extranjera más” en determinadas CC.AA. con lengua cooficial

Subraya que “la ablación del carácter vehicular del castellano” en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado en la protección del idioma de todos los españoles

La Ley de la peor ministra de Educación limita el derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos, arrinconando a la concertada y la especial

El PP denuncia defectos en la tramitación de la Ley,como la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, el rechazo de la solicitud de la comparecencia de expertos y la omisión de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación

 

El Grupo Parlamentario Popular presentó hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Lomloe, más conocida como Ley Celaá, porque vulnera los más esenciales principios, derechos y libertades en el ámbito educativo que recoge la Constitución.

La norma ataca al castellano como lengua vehicular de todos los españoles y restringe la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. La Ley que da nombre a la peor ministra de Educación en los últimos años de hecho supone un ataque a la educación concertada, a la especial y degrada la calidad de la educación pública, tal y como explicó hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en un acto en un colegio concertado junto a Javier Esparza, presidente de UPN, que también se sumó al recurso de inconstitucionalidad.

El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española. En el recurso presentado por el PP se critica que en determinadas Comunidades Autónomas con lengua cooficial se trate al castellano “como una lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más”.

Se explica que “la ablación del carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en el ámbito educativo”.

“Elimina así el último reducto que permitía a los padres reclamar de las administraciones educativas la efectividad de su derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural”, añade el recurso contra la norma.

 

PROTEGER LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y CONCERTADA

Para proteger la educación especial se recurren varios preceptos, al considerar que según la propia ley sólo se atenderá la voluntad de las familias que presten su preferencia por lo que se denomina “régimen más inclusivo”, pero no a las que muestren su preferencia por que sus hijos sean escolarizados en centros de educación especial, en el legítimo entendimiento que ello favorecerá mejor su futura integración laboral, social y familiar.

También se impugnan los preceptos que atacan a la educación concertada, considerando que se cercena la libertad educativa cuando se impide a los centros concertados organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuado. Asimismo, se ataca “frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados mediante la prohibición de percibir cualquier tipo de aportación por estas actividades”.

También se impugnan los artículos que prevén que todas las solicitudes de escolarización en la educación infantil de cero a tres años sean atendidas por plazas públicas, consagrando así una prestación exclusiva. Es decir, la norma no prevé una oferta de plazas públicas y concertadas suficientes, sino solo de plazas públicas.

El recurso del PP añade que la Ley Celaá borra por completo la toma en consideración de la oferta complementaria existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social, canalizándola prioritariamente a través de los centros públicos y dejando a los concertados y a la voluntad de las familias una función subsidiaria, subalterna y prescindible.

 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

En todo caso, el recurso señala que el Estado no es enteramente libre para diseñar y programar un determinado sistema educativo público, sino que ha de hacerlo preservando, promoviendo y posibilitando el pleno reconocimiento y ejercicio de todas las facetas y contenidos del derecho fundamental a la educación, incluyendo las que integran el derecho en su vertiente de libertad de enseñanza.

Además, indica, con distinta jurisprudencia del TC, que otros artículos de la Lomloe del Gobierno de Sánchez son inconstitucionales no por lo que dicen sino por lo que omiten, como por ejemplo la inclusión de la asignatura de religión en la ordenación de las distintas etapas educativas. Y se defiende que la libertad religiosa comprende el derecho a designar o proponer los profesores que cada confesión entienda adecuados para la impartición de esta materia, lógicamente de entre los que reúnan los requisitos de titulación.

Asimismo, contra la exclusión de la educación diferenciada, el recurso impugna la imposición de que los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos apliquen la coeducación, o sea, la educación mixta. A juicio de los recurrentes, se vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución.

Se subraya además que la educación diferenciada por sexos no es un sistema pedagógico que persiga, promueva, ampare, justifique o inculque alguna concepción de la desigualdad entre hombres y mujeres, y se señalan múltiples ejemplos de esta enseñanza en distintos países.

Finalmente, se denuncian ante el Constitucional los defectos en la tramitación de la Ley Celaá, entre ellos la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, el rechazo de la solicitud de la comparecencia de expertos y de otras personas competentes en la materia y la omisión de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación.

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