Con la Proposición no de Ley anunciada por Cuca Gamarra para que se produzca un debate en el Pleno del Congreso

El GPP registra su iniciativa para que se tomen medidas contra el “blanqueo” de ETA y sus herederos

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy la Proposición no de Ley anunciada por su portavoz, Cuca Gamarra, y suscrita junto a los diputados Teresa Jiménez-Becerril, Jaime Mateu y el portavoz adjunto Carlos Rojas, en la que se insta al Gobierno a la adopción, a la mayor brevedad posible, de varias medidas para evitar el blanqueo de los crímenes de ETA, el de los presos de la organización terrorista y el de sus herederos políticos, así como para garantizar la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo etarra.

Tras la exposición de motivos de la iniciativa presentada para su debate en Pleno, en la que el Grupo Popular explica y critica distintas actuaciones del Gobierno sobre el mundo de ETA y sus herederos, el PP insta al Ejecutivo de Sánchez a tomar ocho medias concretas:

1. No transferir la competencia penitenciaria a las administraciones autonómicas.

2. No modificar la política penitenciaria de dispersión que hasta la fecha se ha mantenido por el Estado para los presos por terrorismo.3. Estudiar y elaborar las propuestas de modificación necesarias en la legislación vigente, con el fin de reforzar la protección a las víctimas del terrorismo.
4. Reformar el sistema de beneficios penitenciarios para evitar su uso arbitrario, así como los agravios comparativos entre presos e impedir que se pueda abrir la puerta a la impunidad de los condenados. Se debe garantizar que el modelo de ejecución previsto en el Reglamento General Penitenciario sea realmente excepcional e individualizado y en todo caso exija como condición imprescindible para ser aplicado que el penado reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento, abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena.
5. Mantener y reforzar el principio de memoria, verdad, dignidad y justicia para con las víctimas de ETA, adoptando todas las medidas necesarias para que el relato del fin del terrorismo reconozca de manera inequívoca:
– La victoria del Estado de Derecho y la derrota de los terroristas.
– La deuda moral que para con ellos tiene el conjunto de la sociedad y en concreto las Administraciones Públicas y los poderes del Estado.
– La culpa absoluta de la banda terrorista ETA y de los movimientos sociales y políticos que apoyaron o justificaron unos crímenes que deben ser considerados de lesa humanidad.
6. Adoptar todas las modificaciones legales precisas para impedir los homenajes públicos a terroristas y para que los crímenes de ETA sean considerados crímenes contra la humanidad con el fin de evitar su prescripción.
7. Interesar de la Fiscalía General del Estado la creación de un órgano específico destinado a la investigación de los 379 crímenes de ETA pendientes de esclarecimiento.
8. Excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia.

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