En el Pleno del Congreso

El PP pide el apoyo de los grupos para defender a los consumidores de prácticas abusivas en los créditos rápidos

Susana López Ares explica que “la ausencia de un marco regulatorio sobre las empresas que ofrecen créditos rápidos deja al consumidor en una situación de desprotección”

  • Relata las prácticas abusivas que se pueden encontrar en este tipo de productos: “Tipos de interés excesivos, deficiencias en la información contractual y condiciones abusivas si no se puede devolver en el plazo pactado”

  • La Autoridad Bancaria Europea publicó un documento analizando las Fintech que operan en Europa y concluyó que una de cada tres no están sujetas a ningún régimen regulatorio en la UE o en la legislación nacional

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Susana López Ares, ha pedido hoy a los grupos parlamentarios que apoyen la iniciativa parlamentaria del GPP que tiene como objetivo “proteger a los consumidores en su relación con las empresas que conceden créditos rápidos ante posibles prácticas abusivas, respetando el principio de libertad de empresa”.

Como ha explicado la portavoz popular, “se trata de préstamos de pequeñas cuantías, a plazos muy cortos y en los que los prestamistas son entidades no reguladas, situación que lleva a que estas operaciones no estén sometidas a supervisión”.

“Esta ausencia de marco regulatorio deja al consumidor en una situación de desprotección”, ha afirmado Susana López Ares, quien ha relatado las consecuencias negativas con las que se pueden encontrar los consumidores: “Tipos de interés excesivos, deficiencias en la información suministrada en el momento de la firma del contrato o condiciones abusivas en caso de que no se pueda hacer frente a la devolución de la cuantía del préstamo en el plazo contratado”.

Aparte de estas deficiencias, Susana López Ares ha denunciado que existen otras como que “la información proporcionada es en muchos casos incompleta, tal y como señala un estudio presentado por FACUA”.

En este sentido, ha subrayado que “en muchas ocasiones camuflan los intereses y muchas de las empresas no ofrecen información completa, entre otras cuestiones, sobre la entidad que concede el crédito, el importe total a pagar, la duración, los costes del crédito, el tipo deudor, las consecuencias del impago y la tasa anual equivalente”.

Además, ha añadido que “las empresas que conceden créditos rápidos han flexibilizado enormemente los criterios, como son acceder a través de Internet o mediante una llamada, tener entre 21 y 65 años, un número teléfono y una cuenta bancaria, y la respuesta se recibe en cuestión de minutos y el dinero en poco más”.

“Las cuantías no suelen ser superiores a 1.000 euros, los plazos se mueven entre cinco y treinta días, y la devolución es en una única cuota”, ha detallado la portavoz popular, quien ha contado que “no se necesita presentar ni nómina ni aval y, muchas veces, tienen ofertas específicas para aquellos solicitantes que figuran en un registro de morosos”.

Durante el debate de la Proposición no de Ley del GPP en el Pleno del Congreso, la portavoz adjunta ha afirmado que “estas entidades no están supervisadas ni por el Banco de España ni por la CNMV, y muchas de ellas están domiciliadas offshore”.

Para Susana López Ares, “esta ausencia de marco regulatorio deja al consumidor en una situación de desprotección” y, según un estudio de Fintech Adoption Index de 2017, “el 37% de los españoles son usuarios de empresas fintech, y siendo el patrón que un 20% de ellos solicite un crédito rápido”.

Por ello, ha concluido que la iniciativa del GPP se refiere “exclusivamente a estas empresas que aprovechan el vacío legal existente y operan fuera de control de los organismos reguladores, quedando fuera de su alcance todas aquellas que estando reguladas operan en nuestro país”.

Algo que, como ha indicado López Ares, no es ajeno al resto de países de Europa, ya que, como ha recordado, “la Autoridad Bancaria Europea publicó un documento analizando las Fintech que operan en Europa y concluyó que una de cada tres no están sujetas a ningún régimen regulatorio en la UE o en la legislación nacional”.

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